La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara solicitó a la Fiscalía remitir el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por la presunta masacre de El Aro. El requerimiento abre una colisión de competencia sobre la actuación que la instancia legislativa busca asumir.
El presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, envió el 26 de agosto una comunicación formal a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para pedir el traslado del expediente. La actuación fue aprobada por unanimidad el 19 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión plantea que debe intervenir como juez natural respecto de hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período presidencial de Uribe. El oficio sitúa la fecha de consumación del delito investigado en 2003, cuando Uribe ejercía la Presidencia.
El expresidente ocupó ese cargo entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010. La petición se fundamenta en el carácter permanente que se atribuye al concierto para delinquir agravado, cuya supuesta actividad delictiva habría cesado en 2003.
El caso está relacionado con la presunta masacre de El Aro, ocurrida en 1997, por la cual Uribe fue llamado a indagatoria. En el oficio, la hipótesis investigativa se vinculó con hechos atribuidos al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.
La decisión de promover la colisión se produjo después de un memorial presentado por la defensa de Uribe, representada por el abogado Jaime Granados. El escrito pidió proponer el conflicto de competencia ante la fiscalía delegada, dentro de la investigación por la presunta participación del exmandatario en concierto para delinquir agravado.
La Comisión recibió la solicitud de la defensa mientras continuaba el trámite ante la Fiscalía. En el documento se plantea que Uribe habría facilitado y promovido, presuntamente, el accionar de la organización que operaba en la Hacienda Guacharacas.
Cuenca advirtió que, si la Fiscalía no acepta el requerimiento, el expediente deberá pasar a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva la colisión. La solicitud cita el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.
La Fiscalía reprogramó la indagatoria de Álvaro Uribe para el 4 de septiembre de 2026. La respuesta sobre la remisión del expediente, o el eventual envío de la colisión a la Corte Constitucional, definirá la continuidad del trámite.
