La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro y ordenó devolver nueve disposiciones al Congreso. El fallo mantiene en pie los pilares centrales de la ley, pero reactivó el debate político sobre el ahorro, los fondos privados y el futuro del sistema.
Alcance del fallo constitucional
La decisión declaró exequibles 92 de los 101 artículos de la Ley 2381 de 2024, con una votación de 7-1. Los restantes nueve artículos deberán volver al Congreso para corregir vicios de forma, en un trámite que abarca, entre otros asuntos, la cotización por días o semanas, los fondos generacionales, el manejo del Fondo de Ahorro y la reducción de semanas para mujeres con hijos.
Los pilares contributivo y semicontributivo quedaron avalados. De acuerdo con la decisión, la reforma entrará en vigencia el 1 de abril de 2027. La revisión resuelta por la Corte se concentró en vicios de forma, mientras que existen demandas que plantean cuestionamientos de fondo sobre algunos artículos de la norma.
Reacciones y nuevo trámite legislativo
Desde sectores afines al anterior gobierno, el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho calificó el aval como un triunfo para los trabajadores, mientras que el exministro de Trabajo Antonio Sanguino destacó las medidas dirigidas a quienes llegan a la vejez sin pensión y la reducción de semanas para madres con hijos con discapacidad.
La oposición cuestionó el alcance del fallo. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, anunció un proyecto de ley para modificar dos aspectos críticos de la reforma: el tratamiento del ahorro de quienes no cumplen los requisitos para pensionarse y el umbral mínimo de cotización en Colpensiones.
Zandra Bernal sostuvo que la decisión genera inquietud por el ahorro de las próximas generaciones y afirmó que aguardará el texto definitivo de la sentencia. Daniel Briceño y Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, rechazaron la aprobación de gran parte del articulado y plantearon impulsar una contrarreforma en el Congreso.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que la reforma genera beneficios iniciales, pero compromete la sostenibilidad futura del sistema. En su pronunciamiento defendió un mayor manejo de recursos por parte de los fondos privados, que cifró en USD 80.000.000.000, y propuso un solo régimen con el desmonte de subsidios que consideró inequitativos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, anunció que la corporación adelantará la subsanación ordenada por la Corte con transparencia y rigor institucional. El Congreso tendría 30 días para tramitar los nueve artículos, mientras la Corte mantiene pendientes cerca de 50 demandas admitidas que examinarán cuestionamientos materiales a la reforma después de su entrada en vigencia.
