La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones precisar el alcance de la cancelación anunciada para la Fibra Óptica de la Amazonía y entregar los documentos que respaldan esa determinación.
El sentido de la cancelación
El requerimiento fue dirigido a la ministra Alexandra Falla Zerrate y está firmado por Héctor Hernán González Naranjo, contralor delegado para el Sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La entidad pidió información oficial, actualizada y soportada sobre el estado de la iniciativa, sus avances, dificultades, riesgos, compromisos pendientes y acciones previstas para garantizar su ejecución.
La solicitud toma como referencia el comunicado divulgado por MinTIC el 18 de agosto de 2026, titulado “Cancelado proyecto de fibra óptica para la Amazonía”. Para el organismo de control, deben establecerse los alcances jurídicos, técnicos, contractuales, presupuestales y financieros de la decisión, así como sus efectos sobre la gestión y los recursos públicos vinculados.
MinTIC deberá explicar el significado jurídico y administrativo de la expresión “cancelado”. La respuesta debe definir si corresponde a una terminación definitiva, suspensión, desistimiento, reformulación, modificación del alcance, terminación de instrumentos contractuales o sustitución por una nueva iniciativa.
También tendrá que identificar el acto administrativo, decisión contractual o instrumento jurídico que formalizó la determinación, con su fecha, autoridad competente y fundamentos jurídicos. La Contraloría requirió además el detalle de los efectos sobre las actuaciones ejecutadas y el estado de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales desarrollados.
Fibra Óptica de la Amazonía
La cartera deberá informar la etapa y el porcentaje de avance de cuatro frentes del proyecto: Planeación y Estudios Previos; gestión financiera y presupuestal; mitigación de riesgos y justificación técnica; y costo de oportunidad e impacto socioeconómico. Ese reporte debe permitir establecer el nivel de desarrollo alcanzado en cada una de esas áreas.
El oficio solicita remitir estudios, conceptos, informes, análisis de riesgos, evaluaciones, actos administrativos y demás soportes de las razones técnicas, jurídicas, contractuales, financieras, presupuestales y administrativas que fundamentaron la cancelación. La documentación será usada para evaluar los efectos sobre la gestión fiscal, los recursos públicos involucrados y los avances alcanzados, además de identificar eventuales riesgos fiscales.
El Ministerio deberá exponer las medidas, acciones o alternativas previstas para mantener los objetivos de cierre de la brecha digital y acceso a servicios de conectividad en la región Amazónica. Si contempla un proyecto o mecanismo sustituto, tendrá que precisar su fuente de financiación, alcance territorial, población beneficiaria y cronograma estimado de implementación.
La información deberá enviarse dentro de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. El requerimiento advierte que la entrega incompleta, no íntegra o tardía de la documentación dará lugar a las actuaciones previstas en los artículos 99 a 102 de la Ley 42 de 1993.
