La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Gigante, Huila, por una presunta omisión en el transporte escolar de estudiantes de la institución educativa Silvania. La actuación revisará medidas adoptadas, órdenes judiciales y eventuales responsabilidades disciplinarias.
Servicio bajo revisión desde 2024
Las dificultades con el traslado de los alumnos se vendrían presentando desde 2024. El caso involucra a estudiantes de sectores rurales que dependen del servicio para asistir a sus clases, mientras se examina si se tomaron oportunamente las acciones necesarias para garantizar su transporte.
La investigación preliminar quedó en manos de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón. Esa dependencia busca establecer las circunstancias de la prestación del servicio y determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el caso.
El órgano de control evaluará si las eventuales omisiones pueden atribuirse a servidores públicos identificables y si esas conductas podrían constituir faltas disciplinarias. La revisión se enfoca en la situación del transporte escolar de la institución educativa Silvania.
Tutelas y acceso a la educación
Entre los asuntos que revisará la Procuraduría están los fallos de tutela que ordenaron adoptar medidas en favor de los estudiantes. La indagación verificará si las entidades involucradas actuaron de manera oportuna para asegurar el acceso efectivo a la educación.
También será objeto de análisis la coordinación institucional para cumplir las órdenes impartidas por los jueces. El Ministerio Público destacó la relevancia del expediente porque compromete presuntamente derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección constitucional.
La apertura de esta actuación no significa que ya exista responsabilidad disciplinaria. En esta etapa, la Procuraduría deberá recopilar pruebas y establecer las circunstancias que rodearon la presunta falta de transporte escolar.
