El Congreso deberá decidir sobre un proyecto que otorgaría a Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley.
Alcance de las facultades
La iniciativa, radicada por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo, permitiría al Ejecutivo crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional. Cada modificación no tendría que pasar por un trámite legislativo independiente si el proyecto completa su aprobación.
El texto también habilitaría cambios en la naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de las entidades. Incluye la redistribución de recursos humanos y presupuestales, ajustes a las plantas de personal, reasignación de competencias y reestructuración de organismos nacionales.
La propuesta coincide con la meta del Gobierno de pasar de 18 a 13 ministerios como parte de su estrategia de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, aunque no detalló cuáles dependencias entrarían en ese proceso.
Los promotores estiman que las modificaciones podrían representar un ahorro permanente del 2% del producto interno bruto, cercano a $42 billones. Han planteado que esos recursos podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.
Límites y trámite en el Congreso
La autorización propuesta no permitiría aumentar el gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación. Tampoco comprendería la creación de tributos, cambios a la regla fiscal ni modificaciones al régimen salarial de los servidores públicos.
La Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos quedarían por fuera de la reorganización. El Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales con regímenes especiales tampoco estarían cobijados por las decisiones previstas.
Después de su elección, De la Espriella anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República. Esa medida incluyó la eliminación de dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, junto con una reducción de 229 cargos.
El 28 de agosto, el presidente ordenó revisar integralmente la estructura estatal para identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir el gasto de funcionamiento.
Como antecedente, la Ley 790 de 2002 concedió facultades extraordinarias a Álvaro Uribe Vélez y permitió fusionar seis ministerios, al pasar de 16 a 13. En el caso del proyecto actual, las facultades solo podrían aplicarse tras completar el trámite legislativo.
