El Congreso aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. La Cámara de Representantes acogió sin cambios el texto del Senado, por lo que no habrá conciliación. El proyecto queda pendiente de sanción presidencial antes de entrar en vigor.
La aprobación llegó con 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara. El Senado había respaldado el proyecto con 57 votos favorables y 24 contrarios. Como ambas corporaciones votaron el mismo texto, el trámite legislativo terminó sin necesidad de acordar una versión adicional.
El respaldo quedó cerca del cuórum requerido: en el Senado, el proyecto obtuvo cinco votos más de los necesarios para completarlo; en la Cámara, la diferencia fue de tres. Durante algunos tramos del debate, el gobierno dependió de la presencia o del apoyo de congresistas de partidos independientes.
Desde la oposición, Gabriel Becerra anunció una demanda por presuntos vicios de trámite. Mafe Carrascal, por su parte, cuestionó la facultad del presidente para definir qué organizaciones son consideradas terroristas. El anuncio de la demanda no modifica la etapa en la que quedó el proyecto: la sanción presidencial sigue pendiente.
El proyecto regula el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados, no una negociación política. Prevé rebajas de pena de hasta el 30% para cabecillas y de hasta el 50% para integrantes de base, condicionadas a la colaboración eficaz y a la entrega de bienes ilícitos.
También establece un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para cabecillas y de seis años para colaboradores. Durante el debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que la iniciativa no permite zonas de distensión ni suspender órdenes de captura o extradición. Sostuvo, además, que quienes se sometan deberán entregar todos sus bienes ilícitos.
Del tratamiento penal diferenciado quedaron excluidas las personas condenadas por reclutamiento de menores de edad. El ponente Hernán Cadavid señaló que se redujeron los beneficios relacionados con lavado de activos. Indicó asimismo que las cargas económicas del sometimiento para municipios y departamentos pasarán al Ministerio de Justicia.
Otro ajuste fue la eliminación del artículo 25, que otorgaba al Ministerio del Interior facultades de contratación con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Su supresión obtuvo 78 votos en el Senado. El texto incorporó además disposiciones sobre deforestación, tala ilegal y minería ilegal en los programas de restauración ecológica.
