La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició formalmente la ejecución de las sanciones contra siete integrantes del antiguo secretariado de las Farc por secuestro. Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo cumplirán ocho años de trabajos restaurativos, bajo restricciones de residencia, movilidad y salida del país.
Restricciones y tiempo de las sanciones
La decisión corresponde al Caso 01 de la JEP, que investigó la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc. La jurisdicción documentó 21.396 hechos victimizantes en todo el país y concluyó que el secuestro fue empleado como política criminal para financiar a la organización, presionar un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
Además de Londoño y Catatumbo, Milton de Jesús Toncel deberá cumplir siete años, ocho meses y 25 días; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Pastor Alape, seis años, once meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años.
Los siete excomandantes deberán fijar su residencia en la sede territorial asignada en cada fase y no podrán modificarla sin autorización de la JEP. También tendrán prohibido salir del departamento donde se ejecute la actividad correspondiente sin permiso, abandonar Colombia durante la sanción y deberán portar dispositivos de seguimiento electrónico.
El régimen prevé una dedicación de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., a trabajos, obras y actividades dirigidas a reparar a las víctimas. Fuera de ese horario podrán movilizarse dentro del espacio territorial delimitado para cada fase.
Las actividades restaurativas por secuestro
La sentencia no ordenó prisión para los sancionados, sino 79 actividades restaurativas en zonas afectadas por el secuestro. La primera fase está prevista en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, con jornadas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Entre el 21 y el 30 de septiembre, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en esa intervención, liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Las labores incluyen excavación y apoyo logístico durante las jornadas.
Después de Pitalito, el plan contempla actividades de desminado humanitario y construcción de vías en Antioquia. Otras fases abarcan obras urbanas y ambientales en Caquetá y Meta, además de adecuación de vías rurales, reforestación y obras comunitarias en El Carmen de Bolívar y San Jacinto.
Las etapas posteriores incluyen apoyo para construir viviendas en Huila, Putumayo y Nariño, un centro educativo en Santander, acciones de memoria y mejoramiento de vivienda entre 2031 y 2034. Hacienda y Planeación deberán garantizar los recursos para el plan, mientras la ARN asumirá asuntos como alojamiento y alimentación de los sancionados.
Las víctimas deberán ser consultadas sobre las actividades previstas en sus territorios. La ejecución de las sanciones inicia así una etapa de cumplimiento de las medidas restaurativas impuestas por la JEP al antiguo secretariado de las Farc.
