La Personería de Neiva reportó que durante 2026 ha recibido 1.714 acciones de tutela relacionadas con el acceso a servicios de salud, una cifra que evidencia las dificultades que enfrentan pacientes y familias para obtener atención médica, medicamentos, citas y procedimientos en la capital huilense.
De acuerdo con el reporte, los casos corresponden a ciudadanos que acudieron a la acción de tutela como mecanismo para reclamar la protección de sus derechos fundamentales ante situaciones relacionadas con la prestación de servicios médicos. La cifra también pone sobre la mesa la presión que enfrenta el sistema de salud en Neiva.
Pacientes recurren a la justicia
Las tutelas pueden estar relacionadas con diferentes situaciones, entre ellas dificultades para acceder a medicamentos, consultas especializadas, procedimientos o tratamientos. Para los usuarios, recurrir a un juez representa un trámite adicional cuando las solicitudes realizadas previamente ante las entidades responsables no han obtenido una solución.
Aunque la cifra registrada por la Personería permite dimensionar parte de la problemática, no necesariamente representa la totalidad de los casos que enfrentan los usuarios del sistema de salud en Neiva y otros municipios del Huila.
Detrás de cada proceso judicial existe un paciente que busca acceder oportunamente a un servicio médico. En algunos casos, además, las familias deben asumir gastos de transporte, desplazamientos y otros costos derivados de la búsqueda de atención.
Personería pide atención a la situación
El reporte de 1.714 tutelas plantea interrogantes sobre las principales dificultades que están generando estas acciones judiciales y sobre las entidades que concentran el mayor número de reclamaciones.
Para las autoridades de salud, el desafío está en identificar las causas de estas barreras y establecer medidas que permitan mejorar la oportunidad y continuidad de la atención.
La situación también representa un llamado a las EPS, IPS y organismos de control para revisar los problemas que están llevando a los usuarios a acudir a los jueces para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud.
