Una infraestructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, continúa sin entrar en funcionamiento pese a las inversiones realizadas desde 2014 y a la firma de un nuevo contrato para terminar las obras.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los interrogantes sobre la ejecución de los recursos públicos, la supervisión contractual y la capacidad institucional para concluir proyectos destinados a mejorar la atención ciudadana.
La situación fue evidenciada durante una inspección adelantada por la nueva administración del ICBF, que encontró que el Centro Zonal Rafael Uribe permanece inconcluso, más de una década después del inicio del proyecto.
De acuerdo con el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno, el contrato inicial, identificado con el número 1131 de 2014 y suscrito con el Consorcio Universal, tuvo un presupuesto final de $3.291 millones. Sin embargo, la obra alcanzó un avance físico histórico del 85,82 % y quedó registrada como terminada sin liquidar.
La situación no se resolvió con una nueva contratación. En septiembre de 2024, el ICBF suscribió el contrato 11022622024, por $1.317 millones, para adecuar y finalizar la infraestructura. Pese a las intervenciones ejecutadas, el informe reportó un avance físico del 76 % y financiero del 76,6 %. La edificación seguía sin estar en condiciones de prestar servicio, según una visita de la Oficina de Control Interno realizada el 28 de mayo de 2025.
Entre los trabajos pendientes figuran acabados de pisos y cielorrasos, terminación de baños, reparación del ascensor y del elevacoches, acometidas eléctricas y ajustes al sistema contra incendios.
El documento también advierte riesgos de deterioro patrimonial y de inundación en el sótano, debido a que una de las dos bombas eyectoras está dañada. A esto se suman vacíos documentales relacionados con el recibo final y la actualización de información contractual en SECOP II.
En conjunto, los dos contratos representan presupuestos por más de $4.600 millones, aunque corresponden a intervenciones diferentes sobre la misma infraestructura.
El caso plantea preguntas sobre las razones por las que la obra no ha podido concluirse y las medidas necesarias para garantizar su puesta en funcionamiento. La Oficina de Control Interno recomendó exigir la culminación de los trabajos pendientes y gestionar la extensión de las garantías de cumplimiento y calidad.
