El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) continúa enfrentando dificultades para poner en servicio el Centro Zonal Rafael Uribe, en Bogotá, una infraestructura cuya construcción fue contratada en 2014 y que, pese a las intervenciones realizadas durante 2024, permanece inconclusa y sin condiciones para atender a la ciudadanía.
De acuerdo con el informe de seguimiento de la obra, el contrato 1131 de 2014 fue suscrito con el Consorcio Universal por un presupuesto final de $3.291 millones. El proyecto contemplaba un edificio de cinco pisos y un sótano, con aproximadamente 1.200 metros cuadrados, diseñado para albergar a 75 funcionarios.
La obra tenía como fecha inicial de terminación el 27 de octubre de 2014. Sin embargo, su ejecución estuvo marcada por prórrogas y suspensiones que prolongaron el proceso. El contrato principal registra un avance físico histórico del 85,82 % y un avance financiero del 81,5 %. Además, figura como terminado sin liquidar, situación que evidencia que el cierre contractual continúa pendiente.
El documento señala que se pagaron $2.682 millones del contrato principal. Posteriormente, en 2024, el ICBF celebró un nuevo contrato, identificado con el número 11022622024, por $1.317 millones, para adecuar y finalizar la infraestructura. Este segundo proyecto reportó un avance físico del 76 % y financiero del 76,6 %, pero tampoco consiguió habilitar el edificio.
La situación fue verificada por la Oficina de Control Interno (OCI) durante una visita realizada el 28 de mayo de 2025. La inspección concluyó que la edificación seguía incompleta y no estaba en condiciones de prestar servicio.
Entre los pendientes figuran la terminación de pisos, muros y cielorrasos, la instalación de aparatos sanitarios, la reparación del ascensor y del elevacoches, así como la ejecución de la acometida eléctrica y la finalización del sistema contra incendios.
A estos problemas se suman riesgos técnicos y patrimoniales. El informe advierte que una de las dos bombas eyectoras del nivel freático está dañada, lo que aumenta el riesgo de inundación del sótano. También documenta humedades, filtraciones, acabados deficientes y equipos almacenados sin uso.
En materia contractual, la OCI identificó vacíos documentales relacionados con el acta de recibo final y la actualización de información en SECOP II. Asimismo, el expediente registra controversias contractuales cuyas pretensiones, indexadas, ascienden a $867 millones.
El caso plantea interrogantes sobre la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos públicos. Mientras persistan los pendientes técnicos y administrativos, una infraestructura financiada con recursos estatales seguirá sin cumplir el propósito para el que fue construida. El informe recomienda exigir la culminación de las actividades pendientes y gestionar la extensión de las garantías de cumplimiento y calidad.
