La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a ocho exmiembros de la inteligencia militar colombiana reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre los años ochenta y noventa. La decisión aborda ataques contra integrantes de la Unión Patriótica y miembros de antiguas guerrillas.
La investigación de inteligencia militar
En su fallo, el tribunal señaló la participación sistemática de instancias adscritas al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia y la Brigada XX. También indicó que la Dirección de Inteligencia del Ejército tenía conocimiento de las actuaciones investigadas. La JEP identificó dos patrones de conducta, uno de ellos relacionado con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios.
Ese segundo patrón estuvo dirigido contra integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). De acuerdo con la decisión, el propósito central de los patrones era «impedir un levantamiento insurreccional en la capital del país».
Entre los casos examinados figura la desaparición forzada de Nydia Érika Bautista en 1987. La investigación incluyó torturas, asesinatos y desapariciones contra integrantes de la Unión Patriótica. Los magistrados estudiaron 27 hechos centrados en Bogotá.
Crímenes contra la Unión Patriótica
La JEP también imputó a los ocho exmilitares crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio contra integrantes de la Unión Patriótica por hechos ocurridos entre 1985 y 1993. En ese periodo fueron asesinados más de 5.700 miembros del movimiento, creado en 1985 por exguerrilleros de las FARC tras un intento fallido de negociación de paz.
La investigación describe un patrón de vigilancia clandestina de personas identificadas como objetivos, seguido de asesinatos o desapariciones. Danilo Rojas, presidente de la JEP, afirmó que operó un «aparato criminal clandestino» dentro de unidades de inteligencia estratégica del Ejército. Según explicó, esas unidades recogían información, hacían seguimientos y coordinaban operaciones clandestinas.
El tribunal también imputó hechos de tortura y desaparición forzada de guerrilleros fuera de combate durante el mismo periodo. La solicitud de reconocimiento de responsabilidad a los ocho exmilitares se enmarca en el proceso de justicia transicional de la JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. El tribunal contempla penas alternativas a la cárcel a cambio de que los responsables cuenten la verdad y reparen a las víctimas.
