A partir del próximo 7 de diciembre entrarán en vigencia nuevas disposiciones para acceder a medicamentos, tratamientos y servicios de salud que no se financian con los recursos habituales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Los cambios, establecidos mediante la Resolución 1816 de 2026, buscan fortalecer los controles sobre la utilización de estos recursos y mejorar el seguimiento de las atenciones, sin afectar la prestación de los servicios a los pacientes.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la normativa introduce ajustes en los procedimientos de formulación, autorización, entrega y seguimiento de medicamentos y tratamientos. También contempla modificaciones en los mecanismos de revisión de pagos y en la administración de los recursos destinados a financiar estas prestaciones.
La cartera de Salud precisó que las disposiciones actuales continuarán vigentes hasta el 6 de diciembre. Durante este periodo, las EPS, hospitales, clínicas, proveedores y demás actores del sistema deberán adecuar sus procesos administrativos y tecnológicos para cumplir con los nuevos lineamientos.
Uno de los componentes que tendrá modificaciones será MIPRES, la plataforma utilizada por los profesionales de la salud para registrar y gestionar determinadas prescripciones médicas. El Ministerio adelantará ajustes tecnológicos, pruebas y jornadas de capacitación con el propósito de mejorar el control de los tratamientos, verificar la entrega efectiva de los medicamentos y fortalecer la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
No obstante, la entidad hizo una advertencia frente a la aplicación de las nuevas reglas: los cambios administrativos o tecnológicos no podrán convertirse en barreras de acceso ni justificar demoras en la entrega de medicamentos o interrupciones en los tratamientos.
El reto para las instituciones será implementar los controles sin afectar la atención. La efectividad de la medida dependerá de que los procedimientos permitan mayor transparencia y seguimiento, pero mantengan como prioridad la continuidad de los servicios y el derecho de los usuarios a recibir oportunamente la atención que necesitan.
