Una investigación de la Fiscalía identificó posibles irregularidades en contratos por $21.550 millones destinados a la construcción de unidades sanitarias en zonas rurales de Ataco, Tolima. El presunto detrimento patrimonial asciende a $499 millones.
En Neiva fue capturada Adriyojana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Ataco, Tolima, señalada de presuntamente favorecer a contratistas en la adjudicación y ejecución de contratos de interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
El caso está relacionado con un proyecto que contemplaba la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de esta población, incluida en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según la Fiscalía General de la Nación, la iniciativa terminó involucrada en un presunto entramado de corrupción que habría direccionado dos contratos de obra y dos de interventoría, por un valor total de $21.550 millones. Las obras aún no han sido terminadas.
Las evidencias recopiladas por el ente acusador indicarían que Lugo Camacho, quien dejó el cargo hace aproximadamente un mes, habría elaborado los estudios previos de los dos contratos de interventoría para favorecer a un único proponente. Además, habría integrado el comité evaluador que recomendó adjudicar estos contratos por $1.061 millones.
La investigación también señala que, en calidad de supervisora, habría permitido la ejecución de trabajos sin el acompañamiento de la interventoría. Asimismo, presuntamente avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024 que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, quien, según la Fiscalía, no asistió a la reunión en la que se suscribió el documento.
Estas actuaciones habrían ocasionado un presunto detrimento patrimonial de $499 millones, correspondiente a recursos públicos desembolsados.
La exfuncionaria se presentó ante la Sijín de la Policía en Neiva, luego de conocer que existía una orden judicial en su contra. Posteriormente, fue imputada por peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Lugo Camacho no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
