La Defensoría del Pueblo registró 521 exguerrilleros de las FARC asesinados durante los diez años del acuerdo de paz en Colombia. El balance muestra la persistencia de la violencia contra quienes dejaron las armas, pese a que unos 11.000 excombatientes continúan cumpliendo el pacto.
Violencia contra excombatientes de las FARC
El informe atribuye la mayor parte de los asesinatos a narcotraficantes y a rebeldes que se apartaron del acuerdo. La Defensoría los vincula con la disputa por el control de economías ilícitas en zonas apartadas del país, donde advierte una intensificación de la violencia de los grupos armados.
La entidad señaló que los asesinatos de exguerrilleros aumentaron un 38,5% el año pasado. El documento sitúa ese incremento en un periodo en el que Colombia rompe su propio récord mundial de producción de cocaína.
Aun bajo esas condiciones, unos 11.000 excombatientes siguen cumpliendo el acuerdo, de los más de 14.100 que lo firmaron. El pacto de noviembre de 2016 permitió el desarme del grueso de las FARC y redujo sensiblemente la violencia del conflicto.
Alcance del acuerdo de paz
A cambio de entregar sus armas, los antiguos guerrilleros pudieron ejercer la política y contar con representación garantizada en el Congreso durante ocho años. El acuerdo también estableció penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a no volver a la violencia.
El balance de la Defensoría no se limita a los firmantes: registra un aumento del 740% en los desplazamientos forzados entre 2017 y 2025. Además, identifica rezagos en la reparación a las víctimas y profundas brechas de desigualdad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó en una entrevista que «nadie quiere parar la guerra» en Colombia. Sostuvo que los grupos armados no han aprovechado las oportunidades de paz y que el Gobierno tampoco detendrá la guerra por esa razón.
El presidente Abelardo de la Espriella, en el poder desde hace tres meses, descartó la posibilidad de paz con los grupos armados y se comprometió a doblegarlos. Ante ese escenario, la Defensoría pidió no «interrumpir los procesos» en curso ni «debilitar» los avances alcanzados.
