La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y otros ocho exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Farc. Los llamó a reconocer responsabilidad por homicidios, masacres, desapariciones, desplazamientos y ataques cometidos en Tolima, Huila y Quindío.
Crímenes atribuidos al Comando Conjunto Central
La investigación documentó 94 incursiones armadas entre 1991 y 2016. Con esa cifra, la JEP identificó al Comando Conjunto Central como la estructura de las Farc que perpetró más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía en el país. Sus acciones afectaron tanto a civiles como a integrantes de la fuerza pública.
Uno de los hechos examinados fue la toma de Roncesvalles, Tolima, el 14 de julio de 2000. Trece policías resistieron hasta agotar sus municiones y se rindieron después de que los guerrilleros les prometieran respetar la vida. Los trece policías fueron asesinados. El ataque con cilindros bomba y disparos también destruyó más de 30 edificaciones y desplazó a casi 800 personas.
La Sala de Reconocimiento documentó además minas antipersonal instaladas en caminos utilizados por campesinos y comunidades indígenas, ataques contra uniformados heridos y el uso de civiles como escudos o para transportar explosivos. En Ibagué, el 24 de junio de 2008, guerrilleros obligaron al cotero José Feliciano Giraldo a llevar un paquete explosivo; lo detonaron a distancia y le causaron la muerte.
La JEP agrupó 468 hechos documentados en dos patrones. El control social y territorial concentró el 70 %: incluyó crímenes contra personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o grupos paramilitares, así como la persecución y el desplazamiento de líderes. El segundo patrón comprendió acciones armadas, entre ellas tomas, hostigamientos, emboscadas y minados.
Alcance de la imputación de la JEP
Además de Catatumbo, la decisión cobija a Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina. La Sala estableció que ocho de los comparecientes tenían responsabilidad por su liderazgo regional, su capacidad de decisión sobre las estructuras bajo su mando y su poder para disciplinar a la tropa.
Los hechos atribuidos al Comando Conjunto Central dejaron más de mil víctimas. De acuerdo con la JEP, el 57 % eran campesinos; también resultaron afectados los pueblos indígenas Nasa y Pijao, comunidades negras y afrodescendientes y el pueblo Rrom. La investigación ubicó la actividad de la estructura en zonas de la cordillera Central y la cordillera Oriental.
La Sala incluyó entre los casos examinados la toma de Puerto Saldaña, en Rioblanco, en 2000, y la masacre de cinco jóvenes en Chorro Nealí, Anzoátegui, en 1995. También señaló el atentado con explosivos contra Óscar Barreto Quiroga en Chaparral en 2009 y los homicidios de la personera Ángela Yesenia Briñez Ballesteros y de Elizabeth Obando Murcia en Roncesvalles en 2002.
Durante el anuncio, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, afirmó que apenas un 10 % de estos casos contaba con una sentencia. La imputación es el paso con el que la jurisdicción llamó a los nueve exintegrantes de las Farc a reconocer responsabilidad por los crímenes atribuidos.
