El Consejo de Estado confirmó la destitución y la inhabilidad general de nueve años y seis meses contra el exalcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, una decisión que le impide aspirar a la Alcaldía en las elecciones de 2027.
Recurso fue declarado infundado
La Sala Especial de Decisión resolvió el 9 de septiembre el recurso extraordinario de revisión que Muñoz había presentado contra la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación en agosto de 2023. El alto tribunal realizó un control integral de la actuación y concluyó que la decisión se ajustó al ordenamiento jurídico aplicable.
Con esa determinación, el Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión y mantuvo la sanción que incluye destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La restricción se extenderá, al menos, hasta 2031.
Muñoz fue alcalde de Neiva durante el periodo 2020-2023. La Procuraduría lo sancionó por irregularidades relacionadas con tres contratos de alimentación escolar celebrados durante su administración.
Los contratos fueron entregados de manera directa a fundaciones de Tumaco, Nariño, vinculadas con Hayden Ottoniel Vergara. Vergara había financiado la campaña de Muñoz a la Alcaldía de Neiva en 2019, vínculo que estuvo en el centro de la controversia por la contratación.
Sin opción para la Alcaldía
La decisión cierra la posibilidad de que el exmandatario participe en la contienda local de 2027. Tras no obtener una curul en las elecciones legislativas de 2026, Muñoz había aspirado al Senado por la lista de Fuerza de la Paz, movimiento liderado por Roy Barreras.
Después de esa candidatura al Congreso, Muñoz tanteaba una nueva aspiración a la Alcaldía de Neiva. La inhabilidad que quedó en firme impide esa postulación y cualquier ejercicio de cargos públicos durante el tiempo fijado en la sanción.
El recurso revisado por el Consejo de Estado fue presentado mediante un mecanismo incorporado al régimen disciplinario para controvertir este tipo de decisiones. La Sala Especial de Decisión ratificó tanto la destitución como la inhabilidad para ejercer cargos públicos por nueve años y seis meses.
Además del expediente disciplinario, el exalcalde es juzgado penalmente por los hechos relacionados con los contratos de alimentación escolar. Ese proceso avanza de forma independiente a la determinación adoptada por el Consejo de Estado.
