Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, demandó a la Fiscalía, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia por las afectaciones psicológicas que atribuye a presuntas irregularidades en la orden de captura con fines de extradición en su contra. La reclamación incluye a su esposa y sus tres hijos y busca una reparación de 400 salarios mínimos.
La doble captura cuestionada
El eje de la demanda es el uso de una misma orden judicial para detener a Marín en dos oportunidades: el 5 de abril de 2024 en España y el 3 de diciembre de ese año en Portugal. Después de obtener libertad provisional en territorio español, Marín se trasladó a Portugal, donde fue recapturado.
La defensa sostiene que la libertad provisional concedida en España debía dejar sin efecto la orden de captura emitida en Colombia. Esa orden, sin embargo, continuó vigente y sirvió para la segunda detención. Marín quedó en libertad en Portugal en junio de 2025, tras una acción de habeas corpus.
En el escrito, Marín y su familia alegan una “afectación continuada” derivada de las actuaciones judiciales. Su abogado también plantea un supuesto “error judicial” desde enero de 2024, cuando se solicitó una orden para imputarlo y pedir una medida de aseguramiento mientras se tramitaba una circular roja de Interpol.
Antes de presentar la acción judicial, las partes acudieron a una conciliación sin alcanzar un acuerdo. Marín pidió 200 salarios mínimos para él, por perjuicios morales y una presunta vulneración del debido proceso, además de 50 salarios mínimos para cada uno de sus cuatro familiares.
La Rama Judicial rechazó la interpretación de la defensa sobre la captura. Su apoderado afirmó que la libertad provisional decretada por las autoridades españolas no produjo, por sí sola, la pérdida de vigencia de la orden de captura librada en Colombia.
La entidad añadió que la legislación española permite a ciudadanos requeridos en extradición acceder a libertad provisional sin que ello suspenda el procedimiento ni descarte nuevas actuaciones orientadas a la entrega. Un juzgado administrativo de Bogotá deberá decidir si admite la demanda.
Marín fue imputado en contumacia, sin estar presente, en enero de 2025, meses después de las capturas internacionales. La acusación formal llegó en noviembre de ese año. La Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, cargos por los que enfrenta una pena de hasta 27 años de prisión.
El llamado “zar del contrabando” permanece en Portugal y tramita una solicitud de asilo. En julio fue activada una circular roja de Interpol en su contra, mientras continúa el trámite de la demanda con la que reclama una indemnización al Estado colombiano.
