La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Paicol, Huila, Aníbal Chavarro Chantre, por una presunta omisión en la ejecución total de los recursos destinados a atender a víctimas del conflicto armado durante 2025.
Recursos para la atención
La actuación está a cargo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila. El proceso busca establecer si el mandatario incumplió sus obligaciones al no garantizar en su totalidad los recursos requeridos para la atención de esta población en el municipio.
El caso se origina en una comunicación que Chavarro Chantre habría hecho a la Personería Municipal en julio de 2025. Allí indicó que no disponía de recursos adicionales para financiar el personal encargado de atender a la población víctima.
Para el órgano de control, esa situación pudo afectar las responsabilidades que corresponden a las administraciones locales frente a las víctimas del conflicto armado. La indagación se concentra en determinar si la conducta constituye una falta disciplinaria.
Ley de Víctimas y recursos
La investigación examina una posible vulneración de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011, art. 174). La norma establece deberes para las entidades territoriales en prevención, atención, asistencia y reparación integral de las personas afectadas por hechos relacionados con el conflicto armado.
Los municipios deben diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de atención dentro de sus competencias y bajo los lineamientos nacionales. También participan en la articulación institucional y en los Comités Territoriales de Justicia Transicional, presididos por alcaldes o gobernadores, según el nivel correspondiente.
En ese marco, la Personería Municipal ejerce la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. Por esa función, los alcaldes y concejos municipales deben garantizar a las personerías los medios y recursos necesarios para implementar las disposiciones de la ley.
El Registro Único de Víctimas reporta más de 216 mil víctimas en los 37 municipios del Huila, principalmente por desplazamientos, amenazas y otros hechos criminales. La Procuraduría verificará la ocurrencia de la conducta investigada y si existe alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
