El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó crear un protocolo nacional que permitirá el ingreso de la Policía Nacional a universidades públicas cuando las protestas deriven en violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
Límites a la autonomía universitaria
De la Espriella señaló que las instrucciones buscan diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de los hechos que, a juicio de las autoridades, requieran intervención. Bajo el nuevo esquema, la Policía será la “primera autoridad operativa” en este tipo de situaciones dentro de los campus.
El mandatario sostuvo que la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 69 de la Constitución colombiana, no puede funcionar como una “patente de impunidad”. Esa disposición establece que las universidades tienen sus propias directivas y se rigen por sus estatutos.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, afirmó el presidente. También indicó que esa autonomía no comprende asuntos de orden público ni convierte a los campus en espacios sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado.
Protesta pacífica y actuación policial
El Gobierno, afirmó De la Espriella, respetará y garantizará las movilizaciones pacíficas que se desarrollen dentro del marco constitucional y legal. En cambio, calificó el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil como hechos que no constituyen protesta.
La medida generó malestar en parte de la comunidad universitaria, que considera que puede afectar la autonomía y la libertad académica de las instituciones de educación superior. El presidente reconoció la existencia de esa autonomía, pero insistió en que no está en discusión su límite frente al orden público.
De la Espriella defendió que el protocolo busca proteger a los estudiantes y al propio Estado. Aseguró que no permitirá que las universidades públicas sean “santuarios de la violencia” y advirtió sobre la entrada de las autoridades para retirar de los campus a quienes incurran en actos violentos.
La orden presidencial abre el camino para establecer el protocolo nacional de actuación que definirá cuándo una manifestación universitaria pasa del ejercicio de la protesta a una situación que habilite la intervención de la Policía Nacional.
