Conversaciones en poder de la Fiscalía vinculan al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla en la coordinación de la llegada de este último al apartamento de la abogada Irma Solangel Torres, en medio del caso de corrupción de la Ungrd.
La secuencia de los chats
Los registros corresponden al 9 de enero de 2024 y reconstruyen cerca de seis horas de llamadas y mensajes. Antes de viajar a Bogotá, Pinilla le escribió a su pareja que debía “entregar $” y avisó a Miguel, conductor de la Ungrd, que iba a volar. Tras aterrizar, sostuvo seis llamadas con López entre las 4:00 p. m. y las 5:30 p. m.
A las 5:35 p. m., López pidió en un chat identificado con el nombre de Fernández que le recordaran el apartamento. Doce minutos después, desde ese contacto se envió la indicación: “Primer piso. La señora Sol. 112. torre 2”. López retransmitió a Pinilla los datos de la torre y el número del inmueble.
La reconstrucción sitúa a Pinilla y al conductor en el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá. A las 5:50 p. m., desde el contacto atribuido a Fernández se habría enviado un signo de interrogación; después de una llamada con Pinilla, López respondió que el entonces subdirector de la Ungrd ya estaba “en sitio”.
El lapso entre la recepción del número del apartamento y un mensaje de “hola” remitido a las 5:59 p. m. desde el contacto de Solangel abarca unos 10 minutos. Pinilla guardó ese número y contestó “listo”. Los chats no establecen que se hubiera concretado una entrega de dinero ni su propósito.
Explicación de Fernández y actuación fiscal
Un certificado de tradición y libertad acredita que Torres es propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI. Las comunicaciones entre López y Pinilla continuaron entre las 6:47 p. m. y las 8:14 p. m., con otras cinco llamadas telefónicas.
Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro antes de ser elegido magistrado de la Corte Constitucional en octubre de 2023, explicó que en diciembre de ese año López le consultó por la preocupación que tenía ante una posible suspensión de la Contraloría. Afirmó que le recomendó a Torres para una consulta legal y le suministró la dirección de su apartamento.
Torres ha trabajado con Fernández en litigios de empresas privadas contra entidades estatales y ha sido su apoderada en procesos personales. La abogada figura como fundadora de Estudios y Asesorías; amigos y clientes de Fernández sostienen que la firma sería del magistrado, una afirmación que él niega.
El episodio abrió cuestionamientos sobre que la Fiscalía no hubiera remitido información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por la eventual participación de Fernández. María Cristina Patiño, fiscal encargada del caso Ungrd, sostuvo que la extracción de los teléfonos de Pinilla estaba delimitada por una matriz de colaboración con 27 nombres y que el material fuera de ese acuerdo no podía utilizarse.
Cuatro exfiscales generales consultados consideraron que, ante información obtenida lícitamente que pudiera involucrar a un funcionario aforado, correspondía preservar la evidencia y compulsar copias. Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, indicó que ni él ni su cliente debían explicar una omisión sobre información que no verificaron; José Moreno, defensor de López, señaló que la Fiscalía definió los hechos incluidos en el trámite.
