La aprobación de la Ley de Sometimiento abrió diferencias entre cuatro congresistas del Huila sobre los beneficios para integrantes de estructuras criminales. Flora Perdomo y María Lucía Villalba respaldaron la iniciativa, aunque Villalba exigió condiciones estrictas; Julio César Triana y Lourdes Mateus cuestionaron distintos aspectos de su alcance.
Apoyos y reparos desde el Huila
La representante Flora Perdomo sostuvo que el mecanismo busca facilitar el tránsito a la legalidad y desmantelar estructuras criminales. También señaló que el Huila debe actuar ante la alerta sobre cinco municipios por la expansión de grupos armados ilegales y los riesgos para las comunidades y los líderes sociales.
La senadora María Lucía Villalba respaldó la aprobación, pero pidió que los beneficios dependan del cumplimiento de los compromisos de justicia, verdad y reparación. Durante el trámite incluyó una proposición para que la inversión social destinada a recuperar territorios incorpore un enfoque de género y priorice a las mujeres.
El representante Julio César Triana interpretó la aprobación como el cierre de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Al referirse a las exigencias para quienes busquen someterse, destacó la entrega de bienes, la información sobre las economías ilícitas y la colaboración para desmantelar las redes criminales.
Por su parte, la representante Lourdes Mateus cuestionó que los beneficios puedan alcanzar a personas involucradas en el reclutamiento de menores. Pidió revisar las condiciones aplicables a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos contra niños y adolescentes.
Condiciones de la Ley de Sometimiento
El mecanismo aprobado permite el sometimiento voluntario, individual o colectivo, de integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales. Entre los compromisos figuran la dejación de armas, la entrega de bienes, la liberación de personas secuestradas y la entrega de menores reclutados. También exige información sobre desaparecidos, el cese de actividades ilícitas y aportes a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones.
El texto contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes sin funciones de mando y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido labores de dirección. Las personas condenadas por reclutamiento ilícito quedan excluidas de los beneficios; quienes hayan tenido un papel determinante en esa conducta deberán cumplir condiciones más estrictas.
La iniciativa exige entregar la totalidad de los bienes vinculados con actividades ilícitas, sin devolver recursos a los sometidos. Tampoco prevé la suspensión automática de órdenes de captura ni de procesos de extradición. Los beneficios estarán sujetos al cumplimiento de las condiciones y podrán ser revocados si estas se incumplen.
El Senado aprobó el proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra. La Cámara lo respaldó con 95 votos a favor y 10 en contra, después de más de 12 horas de debate. Como ambas corporaciones aprobaron el mismo texto, no se requiere conciliación. La iniciativa debe completar el trámite para su sanción presidencial antes de entrar en vigencia.
