La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a Rodrigo Londoño y otros 11 antiguos mandos de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión, adoptada en el Caso 10, califica los hechos como no amnistiables y abre para los comparecientes la opción de reconocer su responsabilidad o enfrentar un juicio.
El alcance del Caso 10
La imputación comprende homicidio, desplazamiento forzado, tortura y violencia sexual. La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las acciones atribuidas a los bloques Magdalena Medio y Caribe no fueron hechos aislados, sino parte de una política para imponer el control social y territorial mediante la violencia.
El Caso 10 de la JEP investiga crímenes no amnistiables atribuidos a la antigua guerrilla que no habían sido abordados en otras macrocausas. La calificación de los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad impide que los imputados se beneficien de una amnistía o un perdón legal.
Londoño, conocido como «Timochenko», fue el último máximo líder de las FARC. Entre los demás imputados figuran Pastor Alape, Erasmo Traslaviña, alias «Jimmy Guerrero»; Pedro Trujillo Hernández, conocido como «Alberto Cancharina», y Jairo Cala Suárez, alias «Jairo Mechas». Los antiguos mandos mencionados tuvieron incidencia principalmente en el norte y noreste de Colombia.
Reconocimiento o juicio
Si los comparecientes reconocen voluntariamente su responsabilidad, el marco sancionatorio prevé entre cinco y ocho años de libertad restringida, vinculados a labores de reparación y verdad para las víctimas. El reconocimiento es la condición para acceder a esa vía.
Si rechazan los cargos, el proceso seguirá por la vía judicial y podría concluir con hasta 20 años de prisión efectiva. La imputación fija así la calificación jurídica de los hechos y deja pendiente la respuesta de los antiguos mandos ante la JEP.
