La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Quintero Calle al sostener que su libertad supone riesgos para la investigación y los testigos del caso sobre contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La solicitud ante el juez
La petición fue presentada ante el juez 27 Penal Municipal con función de control de garantías. Magda Sofía Ramírez, fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, expuso durante más de cuatro horas los elementos con los que busca que Quintero permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso.
Quintero responde por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación comprende seis contratos suscritos entre 2021 y 2022 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
En la diligencia se mencionaron dos valores para esa contratación: $17.000 millones en una intervención y $17.656 millones en otra. Los recursos estaban destinados a formación para bomberos de los diez municipios del área metropolitana y a kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19.
La Fiscalía plantea que esos recursos habrían sido desviados. Ramírez afirmó que $2.481 millones corresponderían a una coima, distribuidos en $1.654 millones en beneficio propio y $827 millones para terceros.
La teoría presentada por el ente acusador sostiene que Quintero habría buscado controlar las subdirecciones administrativa y financiera, y ambiental, de la entidad metropolitana. Bajo esa hipótesis, la intervención buscaba incidir en nombramientos, terminaciones contractuales y procesos de contratación.
Visitas y declaraciones incorporadas
Parte de los argumentos se concentró en Misael Alberto Cadavid, exrepresentante legal de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien firmó un principio de oportunidad y entregó información a la investigación. Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador de los bomberos, alcanzó un preacuerdo.
También constan interrogatorios de Laura María Mejía Higuita y María Janeth Rúa García, exfuncionarias del Área Metropolitana. Para la Fiscalía, el entorno de Cadavid debe ser valorado frente a un eventual riesgo de interferencia en las declaraciones y en el desarrollo de la investigación.
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, cuando Cadavid estaba recluido en El Pedregal, se registraron 17 visitas de abogados que buscaban asesorarlo o darle recomendaciones sobre el manejo de su proceso. La Fiscalía presentó esos ingresos como hechos que, a su juicio, afectan la libertad y espontaneidad de su declaración.
En el testimonio incorporado a la diligencia, Cadavid relató que Sebastián de Dios Ortega Urán le habría ofrecido gestionar un cupo en la cárcel de La Estrella por $400 millones, con un aporte de $200 millones de cada parte. Cadavid aseguró que rechazó la propuesta.
La Fiscalía relacionó a Ortega con grupos de WhatsApp en los que, bajo su hipótesis, se coordinaban decisiones de contratación en el Área Metropolitana. La fiscal también reprodujo el relato de Cadavid sobre una visita del personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, en el CTP de la Minorista de Medellín.
Cadavid aseguró que Ortiz le transmitió un ofrecimiento de apoyo y abogados de parte del exalcalde y exsenador Carlos Andrés Trujillo, junto con una propuesta de traslado a una cárcel en Santo Domingo, Antioquia. El testimonio incluyó una visita del excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, quien, de acuerdo con la exposición, le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad.
Datos del expediente y decisión
Ramírez agregó hechos sobre el manejo de información reservada del expediente. Una funcionaria ajena a esta investigación ingresó al sistema institucional y descargó archivos digitales después del anuncio de la citación de Quintero a la audiencia de imputación. La fiscal pidió que esa actuación sea investigada.
Durante su intervención, indicó que hubo 334 consultas y 293 descargas de información dentro del caso. Asimismo, relató que el defensor Santiago Trespalacios acudió a su despacho entre el 26 y el 27 de agosto para preguntar por actuaciones en curso.
Trespalacios aclaró durante la diligencia que sus preguntas partieron de información pública disponible en la plataforma de la Rama Judicial. Para la Fiscalía, los testimonios, las visitas y los movimientos sobre el expediente respaldan su argumento de que la libertad de Quintero entraña un riesgo para la investigación y los testigos.
El ente acusador sostuvo además que el imputado podría salir del país por contar con recursos para hacerlo. La audiencia continuará el lunes 21 de septiembre, cuando el abogado de las víctimas del Área Metropolitana expondrá su petición de medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega Urán. En esa sesión, el juez deberá resolver la solicitud formulada por la Fiscalía contra Miguel Quintero Calle.
