La Fiscalía General de la Nación añadió medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 45 inmuebles vinculados al caso Lili Pink, valorados en más de $184.615 millones. La decisión amplía la afectación patrimonial dentro de la investigación sobre el conglomerado comercializador de ropa femenina.
Bienes en ocho localidades
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, adoptó la medida en una nueva fase del expediente. Los predios quedaron sometidos a embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, mientras avanza el proceso judicial.
El grupo de activos está compuesto por 17 inmuebles rurales y 28 urbanos. Se encuentran en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, en Bolívar; Pereira, en Risaralda; Ibagué, en Tolima, y Cali, en Valle del Cauca.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, adelantan las diligencias de ocupación sobre las propiedades afectadas. Entre los inmuebles hay bodegas, outlets y locales donde funcionan comercios de terceros bajo contratos de arrendamiento.
Alcance de la investigación
La Fiscalía sostiene que el patrimonio estaría asociado a un conglomerado empresarial que habría usado la comercialización de ropa femenina como fachada para facilitar el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando. Fast Moda S.A.S. figura como la sociedad comercializadora de la marca Lili Pink.
La investigación se inició en 2022, tras un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y examina empresas y movimientos financieros relacionados con el conglomerado. Dentro del proceso se indagan presuntas operaciones de lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por $430.000 millones y contrabando por $75.000 millones.
El 27 de abril de 2026, las autoridades habían ocupado 405 locales, 40 inmuebles y ocho vehículos en 59 municipios como parte de las actuaciones sobre bienes y sociedades vinculadas al expediente. En agosto, la Fiscalía incorporó a la investigación a Elephant Import & Export S.A.S.
Al menos nueve personas han sido vinculadas al caso. Ocho de ellas no tienen medida de aseguramiento y ocho personas relacionadas con la firma no aceptaron los cargos formulados por las autoridades.
Las medidas cautelares tienen carácter preventivo y no constituyen una sanción ni una condena definitiva. Por ello, las actividades comerciales que operan en los inmuebles continúan y los arrendatarios deben cumplir sus obligaciones habituales. Si se decreta formalmente la extinción de dominio, la administración de los bienes y el cobro de los arriendos pasarán a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
