El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió una revisión de su contratación y operación luego de que su directora general, María Carolina Restrepo Cañavera, expusiera el crecimiento de los contratos de prestación de servicios y los recursos asociados.
Revisión de contratación del ICBF
Restrepo Cañavera asumió oficialmente la dirección del Instituto en agosto de 2026 y anunció una evaluación detallada de los contratos de prestación de servicios. El proceso busca establecer la necesidad de las vinculaciones, los productos y obligaciones acordados, su cumplimiento y los resultados obtenidos con los recursos destinados.
La directora presentó cifras según las cuales la contratación estatal por prestación de servicios habría pasado de 221.201 contratos a 418.805 entre agosto de 2022 y junio de 2025. En ese mismo comparativo, el valor asociado habría aumentado de $8 billones a $15 billones.
Para el caso del ICBF, la funcionaria indicó que la entidad registró 6.427 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en 2022. La cifra llegó a 9.795 contratistas en 2024, dentro del conjunto de vinculaciones que será examinado por la nueva dirección.
La revisión también abarca la ejecución y los resultados de los contratos, así como los procesos de contratación y selección de operadores en las regiones. El Instituto cuenta con 33 regionales, y el análisis incluye el destino de los recursos para primera infancia y su relación con los servicios dirigidos a niños, niñas y familias beneficiarias.
Posibles hallazgos y cambios internos
El ICBF informó que la contratación con organizaciones de base alcanzó el 74,2 % en 2026, después de representar el 25,7 % en 2022. Además, reportó un límite máximo de $8.000 millones por organización contratada en 2026; este monto es distinto de las cifras expresadas en billones sobre contratación estatal.
El proceso ocurre mientras el Instituto adelanta cambios en su modelo laboral y de contratación. La entidad reportó la ampliación de su planta de personal y la formalización de 2.353 madres comunitarias como trabajadoras oficiales.
Restrepo Cañavera aseguró que los resultados de la revisión serán dados a conocer a la ciudadanía. Si se identifican posibles irregularidades, los hallazgos podrán ser trasladados a los organismos de control correspondientes.
Una eventual remisión dependerá de los elementos que surjan de la revisión de documentos, contratos, estudios previos, ejecución y resultados. Entre las entidades mencionadas para una posible intervención están la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
La revisión anunciada no establece por sí misma irregularidades en los contratos ni responsabilidades penales o fiscales. El paso siguiente será divulgar los hallazgos y las explicaciones del ICBF sobre los recursos contratados y ejecutados, junto con su impacto en la atención de niños, niñas, adolescentes y familias.
