La exfiscal Lucy Laborde afirmó que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le propuso retirar el delito de lavado de activos de la acusación contra Nicolás Petro y mantener el de enriquecimiento ilícito. Laborde sostuvo que rechazó esa alternativa y que después fue apartada del proceso.
Laborde relató que la conversación ocurrió en el despacho de Camargo, con la participación de la delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la entonces directora de Lavado de Activos, Alexandra Ladino. En esa reunión, dijo, explicó que encontraba sustento para mantener la imputación por lavado de activos.
De acuerdo con su declaración, Camargo preguntó por las consecuencias de una condena por ese delito y Trujillo respondió que Nicolás Petro ingresaría a la Lista OFAC. Laborde aseguró que, tras esa respuesta, la fiscal general le planteó dejar únicamente el enriquecimiento ilícito y fijar una pena extensa.
La exfiscal afirmó que la propuesta contemplaba que la pena se cumpliría en una guarnición militar. Señaló que se negó porque, a su juicio, los negocios jurídicos investigados —como compras de inmuebles y vehículos a nombre de terceros— buscaban dar apariencia de legalidad a dineros obtenidos ilícitamente.
Laborde indicó que recibió el expediente con acusación ya formulada y que defendió la tesis de la Fiscalía sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El proceso matriz, añadió, reunía cerca de 3.400.000 evidencias y se llevaron aproximadamente 800 pruebas ante un juez penal especializado de Barranquilla.
Tras rechazar retirar el delito, Laborde sostuvo que fue objeto de presiones y que dejó de contar con las condiciones necesarias para avanzar en el caso. Dijo que fue trasladada a Barranquilla, trabajó sin oficina propia, asistente ni investigadores, y que entregó el despacho al nuevo fiscal sin esos apoyos.
También aseguró que le retiraron a los investigadores Víctor y Juan Camilo, a quienes consideraba clave para revisar la información acumulada. Ambos fueron capturados después, y Laborde interpretó esas actuaciones como una retaliación y una afectación al desarrollo de la investigación.
La exfiscal relató que participó en 49 sesiones de audiencia preparatoria y que, mientras llevaba este expediente, tenía otros 68 procesos asignados. En diciembre de 2024 realizó además un operativo en Bucaramanga contra 14 personas, según su declaración.
Laborde afirmó que detectó accesos al sistema Spoa relacionados con nuevos radicados y que posteriormente recibió poderes de un abogado vinculado a personas investigadas. Solicitó una auditoría y encontró registros de funcionarios de Policía; evitó identificar a los investigados por la reserva de esas actuaciones.
Antes de ser retirada del caso, agregó, recibió propuestas de preacuerdo que reducían la discusión penal a estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito con rebajas de pena, o abuso de confianza. Dijo que no aprobó ninguna porque no correspondían, a su criterio, con los hechos atribuidos a Nicolás Petro.
El expediente pasó luego a otro fiscal. Laborde sostuvo que la falta de investigadores y de apoyo operativo afectó la continuidad de una investigación que incluía radicados contra aproximadamente 18 personas, además del proceso principal contra el hijo del expresidente Gustavo Petro.
