Apía y Pueblo Rico, dos comunidades rurales del Eje Cafetero colombiano, impulsan una campaña para reconstruir viviendas y recuperar su actividad económica tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. La prioridad es que las nuevas edificaciones incorporen criterios técnicos de seguridad para no repetir las vulnerabilidades expuestas por el sismo.
Viviendas y producción afectadas
El movimiento telúrico ha dejado al menos 314 muertos y 290 desaparecidos en Colombia, de acuerdo con el último recuento citado. En Apía, municipio de unos 12.000 habitantes situado en Risaralda, los daños alcanzaron hogares y medios de subsistencia de familias que ya enfrentaban condiciones de pobreza y los efectos de fenómenos climáticos extremos.
Gloria Elena Rendón, nacida en Apía y residente en Barcelona, articuló una iniciativa solidaria para apoyar la reconstrucción y la recuperación económica de Apía y Pueblo Rico. En la red participan la Asociación Comunitaria Emaús Pereira, Agrotamá, la Associació Som Futur y LATIR, en colaboración con los ayuntamientos de ambos municipios.
Rendón se trasladó a la zona afectada para identificar las necesidades más urgentes y poner en marcha la recaudación de fondos. La iniciativa busca atender a comunidades que antes del sismo registraban una pobreza multidimensional del 33,6% en Apía y del 70,5% en Pueblo Rico, donde tienen presencia significativa poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Entre las familias damnificadas está la de Angelina Girón, cuya vivienda colapsó por completo. Ella intenta habilitar un refugio provisional con plásticos junto a sus cinco hijos. Rubén Darío López también sufrió graves daños en su casa y en la maquinaria agrícola con la que sostiene la recolección de café.
Reconstrucción con seguridad
La afectación a la actividad cafetera se extiende al secado de los granos. El lugar utilizado para esa labor quedó inhabilitado y las lluvias posteriores al temblor agravan el problema: mantener el café húmedo durante demasiado tiempo puede favorecer microorganismos y mohos, con impacto en su calidad, procesamiento y comercialización.
Para Rendón, la reconstrucción requiere estudios de suelo actualizados y un diseño estructural sismorresistente de acuerdo con la normativa. El desafío no se limita a reponer materiales o recursos económicos, sino que incluye el conocimiento técnico y la capacidad necesaria para ejecutar las obras.
En estas comunidades rurales predomina la tradición de la autoconstrucción de casas sin criterios de seguridad. La baja altura de las edificaciones evitó un mayor número de muertes en la zona, pero el terremoto dejó instalada la necesidad de no levantar nuevamente las viviendas bajo las mismas condiciones de vulnerabilidad.
El impacto económico también se percibe en otros municipios del Eje Cafetero. En Salento, donde el sismo dejó 166 viviendas afectadas, tres heridos y ningún muerto, la llegada de visitantes cayó pese a que los daños materiales fueron limitados. El cierre por derrumbes de las dos vías principales hacia Bogotá y los daños en el aeropuerto Matecaña de Pereira redujeron aún más el flujo turístico.
A escala nacional, el Ejecutivo calcula que la reposición de viviendas, colegios, hospitales, comercios y vías demandará recursos cercanos a $30 billones. Las gobernaciones de Valle y Caldas estiman un periodo de al menos tres años para recuperar lo perdido, mientras que Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de Camacol, sitúa en hasta cuatro años la reconstrucción por la dispersión geográfica de las viviendas y la infraestructura afectada.
