La Contraloría General de la República reveló los resultados de una auditoría financiera practicada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en la que identificó presuntas irregularidades con impacto fiscal por $33.009 millones, además de múltiples deficiencias en la ejecución presupuestal y en los registros contables de la entidad durante la vigencia 2025.
El organismo de control evaluó los estados financieros, la información presupuestal y la gestión administrativa de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2025. La auditoría también revisó el cumplimiento de políticas públicas relacionadas con discapacidad, posconflicto, paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales.
Baja ejecución del presupuesto
Durante la vigencia auditada, la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación presupuestal de $4,43 billones. De ese total, la entidad comprometió recursos por $4,34 billones, equivalentes al 97,85 % del presupuesto. Sin embargo, las obligaciones efectivamente ejecutadas alcanzaron apenas $2,23 billones, es decir, el 50,36 % del total asignado.
Según la Contraloría, esta baja ejecución generó un rezago cercano a $2 billones, situación que habría limitado el cumplimiento de las metas institucionales y la atención oportuna de los programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado.
El ente de control señaló que, aunque la entidad adelantó acciones para acelerar la ejecución de los recursos y fortalecer sus compromisos misionales, estas no fueron suficientes para lograr una ejecución acorde con las necesidades y los objetivos previstos para la vigencia.
Hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria
La auditoría también evidenció deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre los principales hallazgos se encuentra la falta de reconocimiento de recursos entregados por la DIAN mediante donaciones.
De acuerdo con el informe, no existen soportes suficientes que acrediten la entrega de esos bienes a los beneficiarios finales, tampoco fue posible establecer la ubicación física de parte de las mercancías y estos elementos no fueron registrados contablemente, lo que configuraría un presunto detrimento al patrimonio público por $33.009.669.360.
Como resultado del proceso auditor, la Contraloría consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal, uno dará lugar a un proceso administrativo sancionatorio, uno será trasladado a la DIAN y dos corresponden a solicitudes de apertura de indagación preliminar, con el fin de establecer las responsabilidades a que haya lugar.
