La suspensión de la auditoría a la FLA quedó en firme por una decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, que adoptó una medida cautelar dentro de una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. La orden detiene de forma provisional la inspección mientras el juez resuelve el amparo.
El argumento judicial: evitar un “riesgo cierto e inminente” antes del fallo
El despacho ordenó frenar temporalmente la diligencia que adelantaba la Superintendencia en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). En la decisión, el juzgado explicó que la cautelar busca prevenir un “riesgo cierto e inminente” sobre garantías fundamentales mientras se define el fondo del trámite constitucional.
La tutela sostiene que la licorera departamental considera que la Supersalud se excedió en sus actuaciones de inspección, vigilancia y control. Con la cautelar, la auditoría queda en pausa hasta que haya pronunciamiento sobre esa petición de amparo.
La Gobernación de Antioquia respaldó la determinación. La secretaria general, Martha Patricia Correa, señaló que la medida protege el debido proceso frente a la acción presentada por la FLA y reiteró el argumento de que las diligencias de la entidad nacional desbordaron sus competencias.
Qué información pidió la Supersalud y por qué la FLA dice que no debe entregarla
Uno de los puntos centrales del choque entre las partes está en el tipo de documentos e informes solicitados durante la auditoría. La FLA afirmó que entre los requerimientos había datos cobijados por reserva industrial, financiera y comercial.
Además, el gerente Esteban Ramos Maya sostuvo que también se solicitaron soportes que, según la empresa, no hacen parte de su estructura administrativa, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor. La licorera cuestionó que los cuestionarios se enfocaran en gobierno corporativo, contratación y finanzas.
En su planteamiento, la vigilancia debería concentrarse en los recursos del monopolio rentístico de licores que se destinan al sistema de salud. Ese es el punto de fondo que ahora se discute en la tutela, mientras la medida cautelar mantiene congelada la diligencia.
Recusaciones, denuncias penales y una auditoría que ya venía en tensión
Antes de acudir a la tutela, la FLA presentó una recusación contra Daniel Quintero, director de la Superintendencia, y contra Juan David Duque, superintendente delegado. La empresa alegó dudas sobre su imparcialidad y mencionó la confrontación política entre Quintero y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
La tensión escaló cuando la Supersalud anunció denuncias penales contra directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar la auditoría iniciada el 26 de junio de 2026. Quintero afirmó que el equipo auditor no recibió documentación y anunció actuaciones ante Contraloría, Fiscalía y Procuraduría; la FLA negó haber impedido el ingreso o la revisión y aseguró que solo detuvo temporalmente la entrega de información mientras se resolvían recursos relacionados con los funcionarios.
La Superintendencia sostuvo que responder a los requerimientos es obligatorio para los vigilados y mencionó que la conducta podría encajar en obstrucción a la función pública, con base en el artículo 429D del Código Penal. También indicó que la recusación mantuvo suspendida la diligencia hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social la declaró no probada, lo que permitió retomar la inspección antes de la suspensión judicial.
En paralelo, la entidad informó otra denuncia penal por presunta obstrucción en una auditoría a la Alcaldía de Medellín. Aseguró que un equipo de 13 auditores realiza inspecciones en la secretaría de Salud de la Gobernación y en la Alcaldía, y que reportó maltrato durante las actuaciones. Ramos, por su parte, defendió la recusación y afirmó que en 2025 la FLA transfirió $1,4 billones por impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional.
Con la medida cautelar del juzgado de Itagüí, la auditoría a la FLA seguirá detenida de manera provisional, mientras la tutela define si la Supersalud actuó dentro de sus competencias y qué información puede exigir en este caso.
