El abogado de Roger Mina Carbonero anunció que emprenderá acciones penales, civiles y constitucionales contra el concejal Roberto Ortiz, tras las afirmaciones que este habría realizado y que, según la defensa, afectan gravemente la honra, el buen nombre y la reputación del funcionario.
A través de un comunicado público, el apoderado judicial aseguró que fue facultado por Roger Mina Carbonero, en su condición de persona natural, para defender sus derechos e intereses legítimos. Además, sostuvo que las declaraciones del cabildante no solo comprometen la imagen de su representado, sino que también podrían poner en riesgo su seguridad y la de su familia.
“No todo vale en el ejercicio del control político”, señala el documento difundido por la defensa.
Cuestionan las declaraciones del concejal
En el pronunciamiento, el abogado recordó que Roberto Ortiz, quien ha ocupado cargos como representante a la Cámara, senador de la República y candidato a la Alcaldía de Cali, conoce la historia del servicio de alumbrado público de la capital del Valle del Cauca.
Según la defensa, durante cerca de 25 años ese servicio estuvo en manos de un mismo operador privado, periodo en el que, asegura, la modernización no avanzó al ritmo esperado por la ciudad. El comunicado también menciona que dicho operador fue objeto de cuestionamientos públicos e incluso apareció mencionado en declaraciones rendidas dentro de procesos relacionados con grupos armados ilegales.
Para el apoderado, resulta contradictorio que ahora se formulen señalamientos contra funcionarios públicos sin presentar pruebas que respalden esas acusaciones.
Invocan garantías constitucionales
La defensa sostuvo que la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 15, 21 y 29, protege derechos fundamentales como la honra, el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia. Asimismo, recordó que los artículos 220 y 221 del Código Penal contemplan sanciones por los delitos de injuria y calumnia cuando se atribuyen hechos deshonrosos o conductas punibles sin sustento.
En ese sentido, indicó que si existen pruebas sobre presuntos delitos o irregularidades contractuales, estas deben ser presentadas ante las autoridades competentes.
Finalmente, el abogado informó que también promoverá acciones de responsabilidad civil para solicitar la reparación integral de los perjuicios que, según afirma, habrían sido ocasionados por las declaraciones del concejal. La defensa manifestó su confianza en que será la justicia la encargada de establecer la verdad y determinar las responsabilidades correspondientes, dejando el caso en manos de las autoridades competentes.
