Un juez de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir en 48 horas todas las obras retiradas del recinto por decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El fallo responde a una demanda contra el retiro de piezas relacionadas con la diversidad sexual, el feminismo y los procesos de paz.
El retiro de las obras
La orden abarca la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre. El plazo de 48 horas comenzará a correr después de que se notifique la decisión al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional, ubicado en Bogotá.
El Gobierno había retirado decenas de obras con el argumento de que el museo no debía «servir como instrumento de adoctrinamiento político». La medida provocó protestas en Bogotá y llevó a colectivos culturales y políticos opositores a presentar una demanda para que las piezas volvieran a exhibirse.
Los demandantes calificaron el retiro como censura y sostuvieron que vulneraba el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Antes del fallo, la justicia había impuesto medidas para proteger las piezas retiradas mientras resolvía el recurso.
El alcance del fallo judicial
El juez concluyó que las obras se retiraron «sin una justificación curatorial acreditada». También consideró que la decisión desconoció la protección constitucional de las expresiones culturales y restringió injustificadamente el derecho de los demandantes a conocer y apreciar esas obras.
La resolución no obliga a exhibir las obras de forma permanente ni impide que el museo modifique sus exposiciones. Establece, en cambio, que las decisiones sobre las piezas deben responder a criterios técnicos y no exclusivamente al desacuerdo de las autoridades con las ideas o los acontecimientos representados.
Gabriel Becerra, congresista de izquierda y uno de los autores del recurso, celebró el fallo en X como «una victoria de las víctimas, la diversidad, la paz y la memoria histórica». Días antes, sin referirse directamente al museo, De la Espriella había afirmado que el Estado tenía el «deber moral» de impedir que los espacios culturales fueran captados por lo que llamó «socialcomunismo ateo y enemigo de los valores».
El Ministerio de las Culturas y el Museo Nacional deben cumplir la restitución dentro del plazo fijado tras la notificación. La decisión puede ser apelada en un plazo de tres días.
