El expresidente Gustavo Petro cuestionó el alcance jurídico del “Libro de la Verdad”, presentado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría con denuncias de presuntas irregularidades en entidades estatales. Petro sostuvo que los hechos señalados corresponden a políticas públicas y no a delitos.
Petro responde al Libro de la Verdad
A través de su cuenta en X, Petro afirmó que “no hay libro forense entregado por el presidente Abelardo a la Fiscalía”. Con esa declaración restó rigor jurídico e institucional al informe de empalme elaborado por la nueva administración.
El exmandatario señaló que los “23 hechos” señalados por el nuevo Gobierno son “políticas públicas que hemos defendido y no son delito”. Añadió que, cuando exista alguna conducta delictiva, esta debe recibir una pena, y aludió al libro blanco presentado en Antioquia durante la administración de Federico Gutiérrez.
El documento entregado por el Gobierno reúne hallazgos recopilados durante el empalme en distintos sectores del Estado. La administración De la Espriella lo presentó como una relación de presuntas irregularidades en contratación, convenios administrativos, decisiones presupuestales y gestión de entidades públicas.
Las alertas expuestas en el informe
El reporte advierte sobre una supuesta pérdida del rigor técnico en la administración anterior, que atribuye al reemplazo del mérito por relaciones de conveniencia y dependencia política en los nombramientos. También enumera comportamientos críticos como opacidad en la información pública, parálisis operativa, concentración contractual, expansión del riesgo litigioso y restricción fiscal.
Entre los asuntos priorizados figura la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El documento sostiene que la entidad ejecutó el 4,3 % de una apropiación total de $15,3 billones durante el cuatrienio de Petro y reporta recursos pendientes de reintegro vinculados al caso de los carrotanques de La Guajira.
Carlos Ríos, director del Dapre, citó $856.289 millones girados anticipadamente, $240.289 millones pendientes de reintegro en convenios vencidos y $282.990 millones destinados a obras de reducción del riesgo cuya trazabilidad debe precisarse. El informe también recoge que los estados financieros de 2024 de la UNGRD fueron calificados como no razonables por la Contraloría General.
En materia de contratación, el Gobierno de De la Espriella denunció una “nómina paralela” de hasta 900.000 contratos de prestación de servicios. El reporte la asocia con un pasivo contingente superior a $5 billones, mientras que otra estimación incluida en el documento habla de un gasto de 15 billones de pesos por el uso de esta figura.
Como ejemplo, el informe menciona una alerta de la Contraloría de enero de 2026 sobre 521.269 contratos por $32,88 billones suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. De ese total, 164.813 contratos correspondían a entidades del orden nacional por $14,87 billones.
El reporte también expone que los contratos de prestación de servicios por contratación directa en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural pasaron de 142, por $2.121 millones en 2022, a 1.199 contratos por $83.583 millones en 2025. La administración actual plantea que los hallazgos sean examinados por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
