El presidente Abelardo De La Espriella informó que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada investiga a empresas por presuntos vínculos con organizaciones criminales e irregularidades en el control de armas. Cinco compañías enfrentan medidas administrativas en distintas etapas, mientras el mandatario anunció que las inspecciones se extenderán a los departamentos del país.
Licencias de empresas de vigilancia
De La Espriella señaló que Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas, en cambio, se adoptaron decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y el trámite para cancelar su licencia continúa.
Las actuaciones anunciadas por el presidente se relacionan con posibles conexiones de empresas del sector con Los Costeños y el Clan Vega Daza, así como con presuntas irregularidades en el manejo del armamento. Esos señalamientos forman parte de las investigaciones y no equivalen a una declaración de responsabilidad penal de las compañías.
El mandatario dijo que impartió instrucciones al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada tras su posesión para identificar compañías que pudieran servir como fachada a estructuras delictivas. También pidió esclarecer el destino de las armas faltantes y establecer las responsabilidades que correspondan.
Antecedentes y respuesta de una empresa
Entre los antecedentes de las actuaciones figura una intervención a Blink realizada por la Superintendencia y la Policía de Barranquilla el 16 de junio de 2025. Las autoridades reportaron presuntas deficiencias en la custodia y el control del armamento, además de indicios de que armas de la empresa habrían terminado al servicio de estructuras criminales.
En el caso de Lost Prevention, expedientes citados en la información disponible señalan que integrantes del clan Vega Daza figuraban en documentos de la compañía. Rafael Vega Cuello, identificado como jefe de esa estructura, tenía un carné que lo acreditaba como directivo. Sus hijos Ronald y Roberto Vega Daza aparecían registrados como escoltas.
Jaime Oliveros Caicedo, representante legal y accionista de OL Security Group, rechazó que la empresa tenga vínculos con organizaciones criminales. Afirmó que el único procedimiento que conoce es administrativo y que surgió después de una visita de la Superintendencia en la que se cuestionó la vigencia de la licencia. Oliveros sostuvo que cuenta con documentos que acreditan su vigencia hasta 2031.
Las revisiones, anunció De La Espriella, se ampliarán a los departamentos del país para identificar otras posibles empresas utilizadas como fachada. Mientras avanza esa instrucción, siguen pendientes de firmeza las decisiones de cancelación sobre Blink, Lost Prevention y Atenas, así como el trámite relativo a OL Security Group–Servisecurity.
