La Sección Quinta del Consejo de Estado mantuvo en firme la elección de Lucy Mireya Bravo Obando como representante a la Cámara por el Huila para el periodo constitucional 2026-2030, luego de resolver las demandas de nulidad electoral que cuestionaban la legalidad de su curul.
La decisión cierra el proceso judicial relacionado con una presunta inhabilidad por el vínculo matrimonial de la congresista con un funcionario de la Contraloría General de la República.
La controversia se originó en las demandas presentadas contra el acto de elección de Bravo Obando. Los accionantes sostenían que su esposo, Sergio Antonio Medina Martínez, ejercía funciones que podían constituir autoridad civil y administrativa y que, por tratarse de un cargo en un organismo de control del orden nacional, sus atribuciones podían proyectarse sobre la circunscripción electoral del Huila.
El argumento estaba relacionado con la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, referente a determinados vínculos de parentesco con funcionarios que ejercen autoridad en la respectiva circunscripción.
Durante el trámite, la defensa de la congresista sostuvo que las funciones desempeñadas por su esposo no configuraban los elementos necesarios para establecer la inhabilidad, particularmente por la ausencia de autoridad civil o política con incidencia territorial sobre el departamento del Huila. En septiembre, el Consejo de Estado había determinado que el expediente contaba con elementos suficientes para resolver el caso mediante sentencia anticipada.
Con el fallo, la elección de Mireya Bravo permanece vigente y la congresista continuará ejerciendo su representación del Huila durante el actual periodo legislativo.
Tras conocerse la decisión, Bravo manifestó su respeto por la justicia y señaló que recibe el pronunciamiento con serenidad y gratitud. También afirmó que continuará concentrada en la gestión de recursos y proyectos para el departamento, en articulación con alcaldes, dirigentes, empresarios y comunidades.
La decisión despeja así la controversia judicial que acompañaba la curul desde el inicio del periodo 2026-2030 y permite que la representante continúe con sus funciones dentro de la Cámara de Representantes.
