La Fiscalía General de la Nación ordenó actividades de policía judicial para establecer el origen y la veracidad de la información que María Claudia Tarazona entregó sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Los mensajes incluyen una advertencia previa al atentado y señalamientos sobre quién habría ordenado y financiado el crimen, que están bajo verificación.
Los mensajes de Tarazona
Tarazona, viuda del senador, relató que recibió en su celular mensajes sobre un supuesto plan para asesinar a Uribe Turbay y, posiblemente, a otros precandidatos del Centro Democrático. Asegura que el material entregado a la Fiscalía contiene nombres, fotografías y conversaciones. La entidad indicó que analiza la información desde que la recibió.
En una entrevista del 14 de octubre, Tarazona sostuvo que, de acuerdo con esos mensajes, la orden del asesinato habría salido del Congreso de la República y el dinero habría provenido de Venezuela. Al día siguiente leyó un chat que ubicaba la presunta orden en el Senado y mencionaba a Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, exrepresentante a la Cámara por Comunes. El contenido de ese mensaje sigue sujeto a verificación.
La viuda también pidió que se examine una eventual participación de integrantes de Comunes. Ha planteado, además, que la Segunda Marquetalia —disidencia de las FARC a la que la Fiscalía atribuye la orden del ataque— no habría sido quien tomó la decisión de cometer el crimen. Se trata de una interpretación de Tarazona, no de una conclusión de la investigación.
La Fiscalía mantiene bajo reserva legal el contenido de los mensajes y los avances de las diligencias. Las labores de policía judicial buscan comprobar la procedencia del material y si la información que contiene corresponde a hechos verificables.
Reacciones y estado del caso
El presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, solicitó por carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, una investigación prioritaria de las afirmaciones de Tarazona. Pidió identificar a los posibles determinadores del crimen y agotar las líneas de investigación correspondientes, con respeto del debido proceso.
Comunes rechazó los señalamientos que buscan relacionar a firmantes del Acuerdo de Paz con hechos criminales. En un comunicado, el partido advirtió contra la presentación de hipótesis como hechos comprobados y afirmó que defender lo pactado no implica impedir las investigaciones ni desconocer los derechos de las víctimas.
La investigación ya ha llevado ante los jueces a integrantes de la red conocida como Plata o Plomo, vinculada con la ejecución del ataque. Entre quienes recibieron condenas por preacuerdos figuran Elder Arteaga Hernández, alias Chipi, señalado como responsable de la logística, y Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, presunto enlace con la Segunda Marquetalia. Esos avances corresponden a la línea de investigación que la Fiscalía ha desarrollado hasta ahora.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El senador murió el 11 de agosto de ese año. La nueva verificación se concentra en establecer la autenticidad y el alcance de la información aportada por Tarazona, mientras continúa la investigación sobre la orden del crimen.
