María Claudia Tarazona afirmó que el expresidente Gustavo Petro sabía que planeaban asesinar a su esposo, Miguel Uribe Turbay, y no hizo nada para protegerlo. La viuda del senador y precandidato presidencial también señaló una presunta financiación del crimen desde Venezuela, mientras la Fiscalía investiga quiénes lo ordenaron y organizaron.
Las acusaciones de Tarazona
Durante una entrevista con Caracol Radio, Tarazona sostuvo que el hostigamiento de Petro hacia Uribe Turbay lo había convertido en un objetivo. «Petro estuvo detrás de la muerte de Miguel», afirmó, aunque reconoció que falta llegar probatoriamente a esa conclusión. También dijo que el expresidente conocía el riesgo que enfrentaba su esposo y no actuó para protegerlo.
La viuda aseguró, además, que el dinero para cometer el crimen provino de Venezuela con complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Afirmó que la orden habría salido de un partido de las Farc en el Congreso colombiano. Se trata de señalamientos de Tarazona, no de responsabilidades establecidas judicialmente.
Uribe Turbay sufrió el atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado en la Fundación Santa Fe.
Investigación por el asesinato de Miguel Uribe
La Fiscalía investiga la financiación, la organización del ataque y la identidad de sus presuntos autores intelectuales. Entre las hipótesis examinadas figura la posible participación de integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc. También se ha mencionado a alias Zarco Aldinever como presunto articulador y una suma cercana a $1.000 millones para financiar la operación. Las responsabilidades individuales dependen de las pruebas judiciales.
Otra línea de investigación aborda los presuntos vínculos de los señalados con zonas fronterizas y busca establecer cómo se impartieron las órdenes y se coordinó la logística. La Fiscalía también examina posibles fallas en el esquema de protección de Uribe Turbay, incluidos registros de llamadas y comunicaciones efectuadas poco antes del atentado.
Tras las declaraciones sobre una eventual conexión con sectores políticos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, envió un oficio a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Solicitó una investigación prioritaria para verificar esos señalamientos e identificar a los posibles determinadores del asesinato. Henríquez afirmó que el Congreso está dispuesto a entregar documentos y testimonios requeridos por los investigadores.
