La Fiscalía imputó nuevos cargos a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito o Boni, señalado como máximo cabecilla de los autodenominados Comandos de Frontera, por dos homicidios de firmantes de paz ocurridos en Caquetá.
Dos homicidios atribuidos
La investigación contra esa estructura armada, que tiene presencia en Huila, Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño y la zona fronteriza con Ecuador, llevó a la formulación de cargos por los asesinatos de Luis Alberto Laguna y Jorge Riaño Ramos.
Las evidencias recogidas indican que Bastidas Bravo tendría a su cargo cerca de 100 integrantes del grupo armado ilegal. La Fiscalía sostiene que presuntamente les impartía órdenes para cometer constreñimientos, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.
Esas acciones habrían buscado apoderarse de pasta base de coca y controlar rutas del narcotráfico en esa región. En particular, alias Bonito habría ordenado los homicidios de los dos firmantes en medio de señalamientos de que actuaban contra los intereses de la organización y como una forma de consolidar su capacidad intimidatoria.
El primer caso atribuido corresponde a Luis Alberto Laguna, asesinado el 2 de octubre de 2020 en la vía entre Morelia y Valparaíso, en Caquetá. Hombres armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaba la víctima y le dispararon; murió poco después de ingresar a un centro asistencial.
El segundo hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2020. Hombres de los Comandos de Frontera llegaron a la vivienda de Jorge Riaño Ramos, en la vereda Santander, zona rural de Florencia, Caquetá, y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.
Cargos y situación judicial
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a Bastidas Bravo los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.
Bastidas Bravo permanece privado de la libertad desde agosto pasado, tras su captura en zona rural de Guamal, Meta. En ese proceso fue judicializado por su presunta responsabilidad en crímenes contra líderes sociales y firmantes de paz en Putumayo.
La captura fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo estratégico de la agencia estadounidense DEA, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional. La nueva imputación se suma al proceso que enfrenta por hechos contra líderes sociales y firmantes de paz.
