El representante Julio César Triana radicó con Jaime Arizabaleta un proyecto que propone sanciones penales para quienes oculten su identidad al cometer actos vandálicos durante manifestaciones.
La iniciativa plantea penas de 54 a 96 meses de prisión y multas entre 50 y 200 salarios mínimos para los encapuchados que incurran en actos vandálicos en el marco de protestas. Triana sostuvo que el agravamiento llevaría a que esos delitos no fueran excarcelables.
El texto incorpora un agravante cuando se utilicen explosivos o artefactos peligrosos contra bienes del Estado. En esas circunstancias, o si los ataques recaen sobre colegios, hospitales o infraestructura de servicios públicos, la sanción podrá aumentar hasta 160 meses.
Triana afirmó que la propuesta no pretende castigar el uso de la capucha ni limitar el derecho a la protesta. Su planteamiento, indicó, se concentra en penalizar el ocultamiento de identidad cuando se emplee para cometer vandalismo.
El congresista señaló que el proyecto responde al rechazo frente a quienes usan una capucha para vandalizar y luego permanecen en la impunidad. Arizabaleta afirmó, por su parte, que la iniciativa busca sancionar penalmente esa conducta en medio de protestas y dar herramientas a la fuerza pública para garantizar la protesta pacífica.
Con la radicación, la iniciativa inicia su trámite en el Congreso de la República, donde deberá surtir el proceso legislativo correspondiente.
