La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver la disputa entre la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La investigación, relacionada con las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia, permanece por ahora en la Fiscalía.
El alcance de la inhibición
La Sala Plena adoptó la decisión mediante el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La votación fue de siete votos a favor y dos en contra. Para la mayoría, no se configuraron los presupuestos normativo y objetivo necesarios para que la Corte resolviera el conflicto de jurisdicciones.
La inhibición significa que el tribunal no decidió cuál autoridad debe asumir el expediente. Tampoco implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Uribe ni sobre los hechos investigados. La controversia enfrentaba a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto. Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración. Esas posiciones no modificaron la determinación de la Sala Plena de abstenerse de resolver la disputa de competencias.
La disputa por el expediente Uribe
La Comisión de Investigación y Acusación había reclamado el caso. Su presidente, Carlos Cuenca Chaux, sostuvo que el presunto delito de concierto para delinquir se habría extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia y contaba con fuero constitucional. La Fiscalía, por su parte, situó parte de los hechos investigados en los años en que el expresidente fue gobernador de Antioquia.
El expediente pasó por la Comisión de Acusación, donde permaneció durante años sin una decisión de fondo, y posteriormente llegó a la Fiscalía. Esta reactivó la investigación y llamó a indagatoria al expresidente. La discusión ante la Corte se centró en qué autoridad debía continuar con el proceso, no en resolver las conductas atribuidas a Uribe.
La investigación abarca la presunta participación del exmandatario en las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Ituango entre 1996 y 1997. En esas incursiones paramilitares se registraron homicidios, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado. El expediente también comprende el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Uribe ha negado los hechos que se le atribuyen.
Con la decisión de la Corte, la investigación permanece en la Fiscalía. El tribunal dejó sin resolver la solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación para asumir el expediente.
