La Fiscalía General de la Nación logró identificar y judicializar a dos hombres señalados de participar en el asesinato de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, crimen ocurrido en zona rural del municipio de La Plata, Huila.
De acuerdo con las investigaciones, el homicidio habría sido ordenado como represalia por la captura de uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC que operan en la región.
Los procesados fueron identificados como Hernán Romero Muñoz y David Gómez Argote, quienes, según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, habrían tenido participación directa en el ataque que acabó con la vida de la uniformada el pasado 9 de diciembre de 2025.
Ataque ocurrió cuando llevaba a su hijo al colegio
Los hechos se registraron en la vereda Alto Cañada, donde la patrullera se desplazaba junto a su hermana y su hijo menor de edad con destino a una institución educativa. Según la investigación, los hoy judicializados la interceptaron mientras se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.
Las autoridades establecieron que presuntamente David Gómez Argote conducía la motocicleta utilizada en el atentado, mientras que Hernán Romero Muñoz habría sido el encargado de ejecutar el ataque armado.
Tras cometer el crimen, los agresores habrían amenazado de muerte a la hermana de la víctima y al menor de edad, obligándolos a abandonar la zona.
Crimen habría sido ordenado por disidencias
Las investigaciones permitieron establecer que ambos hombres integrarían un componente armado del frente Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las FARC. La hipótesis de la Fiscalía señala que el asesinato fue ejecutado por órdenes de cabecillas de la estructura ilegal, quienes habrían promovido ataques contra integrantes de la fuerza pública tras la captura de uno de sus miembros.
Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Huila les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado y represalias. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
