La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidió acelerar los procesos judiciales pendientes contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, y alertó sobre una presunta influencia política desde prisión.
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, encabezada por su presidente Pablo Bustos, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se agilicen los procesos judiciales e investigaciones que aún permanecen pendientes contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo.
La organización señaló que, tras la ratificación de una condena en su contra por delitos relacionados con corrupción en la contratación pública, resulta necesario avanzar con celeridad en las demás actuaciones judiciales para evitar que los procesos puedan verse afectados por el paso del tiempo.
Alertan sobre presunta influencia política
De acuerdo con la Red de Veedurías, la organización ha recibido denuncias anónimas que señalan una presunta injerencia de Abadía Campo en asuntos políticos y administrativos del departamento, pese a encontrarse privado de la libertad.
Según la entidad, las denuncias apuntan a una supuesta influencia en decisiones relacionadas con la elección de organismos de control fiscal y en asuntos administrativos de carácter local. Sin embargo, estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades competentes y hasta el momento no se conocen decisiones judiciales que confirmen dichas acusaciones.
La organización considera necesario que el INPEC mantenga controles estrictos sobre las comunicaciones y visitas del exgobernador, con el propósito de garantizar que el régimen penitenciario no sea utilizado para desarrollar actividades políticas o ejercer presiones indebidas sobre las instituciones.
Cuestionan nombramiento en EMCALI
La Red de Veedurías también mencionó el caso de Guadalupe Guerrero López, cuyo nombramiento en la Secretaría General y de Asuntos Legales de EMCALI fue presentado por la organización como un asunto que debería ser objeto de atención y revisión.
Según la entidad, desde esa dependencia se toman decisiones relacionadas con procesos jurídicos y contractuales de importancia para la empresa pública de Cali. Por ello, pidió revisar cualquier posible relación entre los señalamientos recibidos y la toma de decisiones administrativas.
Finalmente, la Red de Veedurías reiteró su llamado a las autoridades judiciales para que impulsen las investigaciones pendientes y garanticen que los procesos avancen dentro de los términos establecidos por la ley.
La organización insistió en que el objetivo es evitar la impunidad y fortalecer la transparencia en la administración pública, mientras las autoridades deberán determinar la veracidad de las denuncias y establecer si existe alguna responsabilidad penal o administrativa en los hechos señalados.
