Las centrales obreras convocaron un paro nacional para el 19 de noviembre contra el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La jornada reunirá a organizaciones sociales en distintas regiones para cuestionar cambios tributarios y medidas sobre el empleo público.
Paro nacional por impuestos y empleo
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) confirmó que participará en las movilizaciones. Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ratificó el respaldo sindical a una convocatoria que también agrupa a organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, estudiantiles y de mujeres.
Uno de los principales reparos de los convocantes apunta al impuesto al valor agregado (IVA). Sostienen que el proyecto elevaría del 5 % al 19 % la tarifa aplicable a determinados productos de consumo cotidiano. También cuestionan mayores cargas sobre los ingresos laborales y un aumento progresivo de los aportes a salud para algunos trabajadores, del 4 % al 8 %.
Alarcón señaló esos cambios como motivo de la protesta. Para las organizaciones, el ajuste trasladaría una mayor carga a las familias trabajadoras, en particular a los hogares de menores ingresos y a la clase media. Se trata de efectos que los promotores atribuyen al proyecto, no de medidas que ya estén en aplicación.
Los organizadores calculan que el 75,32 % del ajuste fiscal propuesto provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones, frente a un 24,68 % asociado a reducciones del gasto estatal. Con esa distribución, reclaman un sistema tributario más equitativo y plantean fortalecer la producción nacional y proteger el empleo como parte de las alternativas para enfrentar el déficit fiscal.
Alcance de las movilizaciones
La convocatoria también rechaza la reducción del gasto de personal, los recortes a la contratación estatal y las facultades propuestas para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas. Los sectores sindicales consideran que esas medidas podrían afectar la estabilidad de los trabajadores del Estado y la continuidad de servicios esenciales.
Entre los motivos de la jornada figuran además las modificaciones planteadas a la reforma laboral y la oposición de los organizadores al estatuto antiterrorista y a la ley de paz promovidos por el Gobierno. Sus reivindicaciones incluyen la defensa de la educación y la salud pública, los derechos de las mujeres y las comunidades étnicas y campesinas, el patrimonio público y las garantías democráticas.
La decisión de impulsar acciones nacionales surgió tras un encuentro en el que participaron más de 1.500 delegados de organizaciones sindicales, campesinas, étnicas y políticas. En ese espacio, los participantes declararon su oposición político-social al Gobierno y acordaron avanzar en la coordinación de las movilizaciones.
Para Bogotá, los organizadores anunciaron cuatro puntos de concentración: la calle 26, el sector de La Sevillana, el Parque Nacional y un punto en el norte de la ciudad. En otras regiones, la preparación continúa mediante asambleas y encuentros territoriales. Los convocantes prevén movilizaciones masivas y pacíficas durante la jornada del 19 de noviembre.
