El Congreso aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo De La Espriella, que sustituye las mesas de diálogo con grupos armados por un esquema de sometimiento a la justicia. El texto modifica los beneficios penales, mantiene las órdenes de captura y extradición y quedó pendiente de sanción presidencial.
Las penas de la ley de sometimiento
La iniciativa prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. En sus 30 artículos elimina el reconocimiento político de los grupos criminales y la figura de los gestores de paz. El esquema aprobado plantea dos vías frente a esas organizaciones: el sometimiento a la justicia o la acción de la Fuerza Pública.
El tratamiento penal varía según la responsabilidad dentro de cada organización. Los integrantes de base podrán obtener rebajas de hasta el 50 % de sus penas. Para los cabecillas y quienes ejerzan funciones de mando, la reducción máxima será del 30 % y la condena no podrá quedar por debajo de diez años de prisión.
Los senadores endurecieron además el requisito de privación efectiva de la libertad para acceder al beneficio correspondiente en delitos relacionados con lavado de activos: el plazo pasó de uno a seis años. Quedarán excluidas del tratamiento penal diferenciado las personas condenadas por reclutamiento de menores o responsables de incorporar a niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales.
Quienes se sometan cumplirán sus condenas en centros de reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con restricciones efectivas de la libertad. El texto descarta zonas especiales de concentración y no contempla suspender órdenes de captura o extradición ni interrumpir operaciones militares.
El trámite y la sanción pendiente
El Congreso aprobó el proyecto el 3 de noviembre tras las discusiones en Senado y Cámara de Representantes. En el Senado, el debate tuvo que repetirse después de que la oposición petrista cuestionara la presentación y discusión de la ponencia. Ambas corporaciones conservaron un texto idéntico para evitar una conciliación.
Durante el trámite se eliminó el artículo sobre el posible uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). La coordinación de los procesos de sometimiento quedará en manos del Ministerio de Justicia, sin trasladar las cargas derivadas de esos procesos a departamentos y municipios.
La norma también establece que quienes se sometan perderán definitivamente sus derechos políticos: no podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupar empleos públicos ni contratar con el Estado. Es una de las condiciones que acompañan el acceso al esquema de sometimiento, junto con el cumplimiento de las penas en centros de reclusión.
Abelardo De La Espriella celebró la aprobación y agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, su trabajo en el trámite legislativo. El presidente afirmó que la nueva legislación marca el final de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Con la votación concluida, el proyecto quedó listo para la sanción presidencial, prevista como último paso para su promulgación.
