El Congreso de Colombia aprobó un proyecto impulsado por el presidente Abelardo de la Espriella que endurece las condiciones para que integrantes de grupos armados ilegales obtengan rebajas de pena. La iniciativa sustituiría el enfoque de negociación de la «paz total» de Gustavo Petro por entregas sujetas al desarme y la cooperación con las autoridades. Aún requiere la firma presidencial para convertirse en ley.
Condiciones para los grupos armados
El Senado dio luz verde al proyecto por 57 votos contra 24 y la Cámara de Representantes lo aprobó por 95 votos contra 10. Las votaciones en ambas cámaras concluyeron el martes por la noche. Con ese trámite terminado, el texto pasa al presidente para su firma.
Los integrantes que se entreguen deberán entregar sus armas, identificar a otros miembros y aportar información sobre conexiones políticas y redes de corrupción. El proyecto también les exige entregar a menores reclutados o secuestrados, contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y entregar bienes.
Quienes cumplan los requisitos podrán acceder a reducciones de condena de hasta 50 % para integrantes ordinarios y 30 % para comandantes. Los líderes, además, no podrán recibir penas inferiores a 10 años de prisión. Así, la rebaja máxima dependerá de la posición que cada persona haya ocupado en el grupo armado.
El texto impide a quienes se acojan al esquema ocupar cargos públicos o participar en negociaciones de paz. Tampoco suspende órdenes de captura, trámites de extradición ni operaciones de las fuerzas de seguridad mientras se desarrolla el proceso de entrega.
Del diálogo a la entrega
El cambio contrasta con la «paz total» del expresidente Gustavo Petro, que buscaba reducir la violencia mediante conversaciones con organizaciones guerrilleras y grupos criminales. Su gobierno reanudó las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia finales de 2022 y recurrió a ceses del fuego y suspensiones de órdenes de captura para facilitar los contactos.
Petro reconoció hacia el final de su mandato que el objetivo de la paz total no se había cumplido por completo, aunque señaló una reducción de los homicidios durante su gobierno. La administración de De la Espriella sostiene, por su parte, que las treguas y la suspensión de capturas dieron margen a los grupos para reclutar integrantes y afianzar su control en zonas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Las cifras del Ministerio de Defensa indican que los integrantes de grupos armados ilegales pasaron de 15.120 al cierre de 2022 a aproximadamente 28.802 en julio de 2026. El aumento forma parte de los argumentos del gobierno para cambiar de estrategia, pero esas cifras por sí solas no establecen cuánto influyeron las negociaciones anteriores ni cuánto responde a cambios en el seguimiento y el registro.
La iniciativa recoge una promesa de campaña de De la Espriella: terminar las negociaciones de paz con guerrillas y bandas criminales y ampliar las operaciones militares en su contra. Al mismo tiempo, mantiene un incentivo penal para quienes se entreguen y colaboren bajo las condiciones fijadas en el proyecto. La firma del presidente es el paso pendiente antes de que esas reglas puedan convertirse en ley.
