Un total de 98 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia tras un megaoperativo de seguridad desarrollado en Medellín, Antioquia, contra estructuras criminales con presencia en el Valle de Aburrá.
Según el balance de Migración Colombia, los extranjeros registraban cerca de 1.000 medidas policiales y más de 240 anotaciones judiciales.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la operación Cerco Épico, que contó con la participación de más de 1.400 uniformados y permitió realizar más de 160 allanamientos y registros en diferentes sectores de la ciudad.
Como resultado de las intervenciones, las autoridades reportaron la captura de 149 personas y la aprehensión de otras cuatro por distintas conductas. Entre los ciudadanos venezolanos expulsados, 11 tenían órdenes de captura vigentes en Venezuela, según la información entregada por las autoridades.
Durante los procedimientos también se logró la incautación de cerca de 70 kilogramos de estupefacientes, 12 armas de fuego, cinco armas traumáticas, 65 teléfonos celulares y siete radios de comunicación, elementos que, de acuerdo con las investigaciones, podrían estar relacionados con actividades delictivas.
En materia económica, las autoridades decomisaron 717 millones de pesos colombianos y 25.000 euros, estos últimos equivalentes aproximadamente a 87 millones de pesos, recursos que también hacen parte de las actuaciones adelantadas durante el operativo.
La operación tuvo como objetivo debilitar las redes criminales que operan en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, mediante acciones coordinadas de investigación, intervención policial y control migratorio.
La expulsión de los ciudadanos extranjeros se suma a las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar fenómenos delictivos en la región. Sin embargo, las anotaciones policiales o judiciales no equivalen por sí mismas a condenas penales, por lo que la responsabilidad individual debe establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Las autoridades destacaron la coordinación institucional como un componente clave para avanzar en las estrategias de seguridad ciudadana y combatir las estructuras criminales que afectan a la población.
