La falta de conciliación de dos textos distintos del Presupuesto General de la Nación para 2027 puso en cuestión su aprobación en el Congreso. La divergencia surgió en el artículo 65, por una proposición que no fue votada en el Senado, y provocó críticas de congresistas a los funcionarios encargados de revisar el trámite.
El artículo 65 del presupuesto de 2027
El Senado votó el artículo 65 como aparecía en la ponencia. La Cámara de Representantes, en cambio, aprobó un texto que incorporaba una modificación. Las dos plenarias aprobaron versiones diferentes y el plazo legal para resolver esa divergencia mediante una conciliación venció sin que se realizara ese trámite.
El representante Óscar Darío Pérez explicó que la modificación había sido presentada por Juan Caicedo, quien la retiró y la dejó como constancia. De acuerdo con Pérez, el texto de la Cámara incluyó esa proposición pese a que el Senado no la votó. El artículo se refiere a operaciones de cobertura frente a riesgos fiscales asociados con los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio.
Fuentes del Congreso atribuyeron a abogados del Ministerio de Hacienda la inclusión de la proposición entre las propuestas votadas en el Senado. La discrepancia quedó sin resolver antes del 20 de octubre, plazo máximo para aprobar el presupuesto. Pérez sostuvo que, en términos de trámite legislativo, los textos necesitaban conciliación.
Críticas y salida por decreto
El representante liberal Octavio Cardona cuestionó la responsabilidad del equipo jurídico de Hacienda. «Se pierde el trabajo de Cámara y del Senado por falta de cuidado y rigor de funcionarios del Gobierno», afirmó. Su crítica apunta al control de los textos durante la discusión presupuestal, que ya había pasado por las plenarias de ambas corporaciones.
El exsenador Carlos Fernando Motoa también reclamó atención al papel de los ponentes en el seguimiento del proyecto. Por su parte, el senador Antonio Correa, del partido de la U, criticó lo que describió como errores cometidos por el afán en el trámite. Las responsabilidades señaladas por los dirigentes son cuestionamientos políticos, no una determinación sobre quién causó la falla.
La controversia tiene además un alcance jurídico. Está por definirse si la falta de conciliación afecta todo el proyecto o únicamente el artículo 65. Pérez mencionó como alternativa que el Gobierno sancione la ley y deje a la Corte Constitucional la evaluación del vicio, aunque esa posibilidad enfrenta la objeción de que el trámite legislativo no culminó.
Otra salida planteada es que el Gobierno de Abelardo De La Espriella expida el presupuesto mediante decreto con base en lo aprobado por las comisiones económicas. Pérez indicó que, bajo ese escenario, el monto global rondaría los $634,9 billones, pero algunas adiciones acordadas después no quedarían incorporadas. Entre los recursos que mencionó figuran $3 billones para salud.
La distribución de esas adiciones dependerá de la salida jurídica que adopte el Gobierno. Pérez planteó también la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en enero de 2027 para tramitar un proyecto de adición y traslado presupuestal. Esa opción requeriría la aprobación del Legislativo.
