La senadora huilense María Lucía Villalba aclaró su posición jurídica frente a los rumores sobre una posible recusación por su papel como ponente del proyecto de ley 177 de 2026, conocido como la ‘Ley de Competitividad’, una iniciativa presentada por el Gobierno Nacional para reducir requisitos, trámites y procedimientos, con el propósito de impulsar el empleo, la productividad empresarial, la creación de empresas y las importaciones.
La controversia surgió durante el trámite legislativo, luego de que la congresista se declarara impedida para participar en la discusión de la iniciativa, argumentando su parentesco con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, quien podría verse relacionado con los efectos de la eventual aprobación de la norma.
Sin embargo, la proposición mediante la cual presentó su impedimento fue negada, por lo que no le fue aceptada esa solicitud. Este resultado abrió un debate jurídico y político sobre la posibilidad de que posteriormente se presente una recusación contra la senadora por su condición de ponente.
En el oficio presentado ante la corporación, Villalba sostuvo que, a su juicio, no existe conflicto de intereses, debido a que el proyecto contempla disposiciones generales sobre la función administrativa y no concede beneficios particulares directos a sus familiares.
“Tengo la plena convicción jurídica de que, frente al presente proyecto, no se configura conflicto de interés alguno”, señaló la congresista.
Asimismo, explicó que su decisión de presentar preventivamente el impedimento buscaba garantizar transparencia y evitar cuestionamientos durante el procedimiento legislativo.
La senadora agregó que su actuación tenía como propósito despejar inquietudes procedimentales y permitir que la discusión avanzara con agilidad en la comisión correspondiente.
Por ahora, el proyecto continúa su trámite legislativo y deberá avanzar hacia el primer debate. La discusión sobre la situación de Villalba pone de relieve la importancia de establecer con claridad cuándo existe un conflicto de intereses y qué consecuencias tiene para la participación de los congresistas en la elaboración de las leyes.
Hasta el momento, los rumores sobre una eventual recusación no equivalen a una decisión formal contra la senadora.
