La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad de Wadith Manzur. El excongresista seguirá detenido en La Picota mientras avanza la investigación por el caso de la UNGRD, después de que el tribunal mantuviera la medida de aseguramiento dictada en marzo.
La prisión preventiva de Manzur
La defensa pidió revisar la legalidad formal y material de la detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción el 11 de marzo de 2026. Fundamentó su solicitud en el artículo 392 de la Ley 600 de 2000, que permite verificar si una medida de aseguramiento cumple los requisitos legales y constitucionales.
En una decisión presentada por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que los abogados no demostraron que la detención se hubiera ordenado sin competencia, por fuera de las formas del proceso o con desconocimiento del derecho de defensa. Por ello, rechazó la petición de dejar sin efecto la medida.
La defensa invocó una decisión de julio de 2025 en la que la Corte había optado por no imponer una medida de aseguramiento. El tribunal explicó que el avance del proceso permite volver a examinar la situación jurídica del investigado. Tampoco encontró una vulneración de sus garantías en la decisión de marzo.
Al ordenar la detención, la Corte había considerado el riesgo para el proceso y la necesidad de proteger pruebas y testimonios. En ese análisis tuvo en cuenta el contacto de Manzur con la testigo Alejandra Benavides Soto. El tribunal también examinó alternativas a la reclusión en un establecimiento carcelario antes de imponer la medida.
Investigación por el caso UNGRD
La investigación se relaciona con hechos de 2023, cuando Manzur integraba la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. De acuerdo con la investigación de la Corte, el entonces congresista presuntamente aceptó ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favores de interés para esa cartera.
El alto tribunal también indaga posibles acuerdos para impulsar contratos y obras de interventoría vinculados con tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar. Estos señalamientos forman parte del proceso contra Manzur y no constituyen una declaración de culpabilidad.
Manzur permanece detenido desde marzo. Tras estar recluido en la Escuela de Carabineros, el Inpec lo trasladó el 17 de septiembre a la cárcel La Picota, en Bogotá. La decisión sobre su solicitud de libertad mantiene la medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial.
La Corte aclaró que la adhesión de la defensa de Karen Astrith Manrique Olarte a la solicitud de Manzur quedó resuelta en los términos de esa petición. La decisión no modifica la medida de aseguramiento de Manrique Olarte. El tribunal también señaló que los cambios posteriores a la detención, incluido el fin del período constitucional 2022-2026, no corresponden a este control de legalidad. Contra la decisión que negó la libertad no procede recurso.
