La Procuraduría General de la Nación absolvió a Andrés Alberto Ávila Ávila, expresidente de la SAE, en el proceso disciplinario que revisó una presunta desfinanciación de gastos de funcionamiento en 2022. El fallo de primera instancia descartó su responsabilidad disciplinaria.
El caso revisó pagos de 2022
La investigación fue abierta en 2024 por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado, Frisco.
El expediente examinó si pagos realizados por conceptos no presupuestados durante la vigencia de 2022 habían generado un eventual desfinanciamiento. Los movimientos asociados a la nómina superaban los más de $3.000 millones de pesos.
Al resolver el proceso, la Procuraduría concluyó que la conducta atribuida a Ávila era atípica. Con esa determinación, el organismo disciplinario absolvió al exfuncionario por los hechos que fueron objeto de la actuación.
Competencias y presupuesto de la SAE
El análisis probatorio estableció que la creación de cargos, el aumento de la planta de personal y las modificaciones presupuestales no correspondían a una competencia individual de quien presidía entonces la Sociedad de Activos Especiales.
Esas determinaciones eran atribuciones exclusivas de la junta directiva de la SAE y del Consejo Nacional de Estupefacientes. La decisión separó esas competencias de la conducta examinada en el proceso contra Ávila.
La Procuraduría también determinó que existía apropiación presupuestal y que la modificación del presupuesto de 2022 fue tramitada por la administración posterior. A partir de esos elementos, descartó una afectación atribuible al expresidente de la entidad.
El fallo señaló que no se configuraron los requisitos de tipicidad ni de ilicitud sustancial previstos en la Ley 1952 de 2019 para estructurar responsabilidad disciplinaria. Por ello, la decisión de primera instancia resolvió la absolución de Ávila en este expediente.
