La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia presentó una denuncia formal ante los organismos de control y las autoridades competentes, en la que solicita investigar presuntas irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto identificado con el BPIN 20251301010899, financiado con recursos de la Asignación para la Paz por un valor de $62.797.102.285.
La iniciativa contempla inversiones en municipios del Pacífico colombiano, entre ellos Timbiquí, en el departamento del Cauca, y Buenaventura, en el Valle del Cauca.
De acuerdo con el documento radicado, la veeduría advierte que existen una serie de inconsistencias que, a su juicio, requieren una verificación exhaustiva por parte de las entidades competentes. El objetivo de la denuncia es establecer si durante el trámite que actualmente cursa ante el OCAD Paz se han cumplido de manera integral los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por el Sistema General de Regalías para este tipo de proyectos.
La organización sostiene que las situaciones señaladas podrían comprometer principios fundamentales de la administración pública, como la transparencia, la planeación y la correcta destinación de los recursos del Estado. Por ello, pidió que las autoridades revisen con detenimiento el proceso antes de que se autorice el desembolso de los recursos.
Entre las principales inquietudes expuestas en la denuncia figuran una presunta superposición de inversiones con otros proyectos, dudas sobre la identificación de los beneficiarios, posibles incumplimientos en los procedimientos de consulta previa con comunidades étnicas y cuestionamientos relacionados con la sostenibilidad de la inversión pública una vez se ejecute el proyecto.
La Veeduría resaltó que esta solicitud cobra especial importancia debido a que falta menos de un mes para la finalización del actual Gobierno Nacional, por lo que considera indispensable que cualquier decisión sobre proyectos financiados con recursos públicos cuente con todas las garantías de transparencia, control y vigilancia institucional.
Finalmente, la organización aclaró que corresponde exclusivamente a los organismos de control y a las autoridades judiciales determinar si existen o no irregularidades. Sin embargo, insistió en que las observaciones planteadas deben ser verificadas antes de comprometer más de 62 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, con el fin de proteger el patrimonio público y garantizar que los recursos destinados a las comunidades beneficiarias sean utilizados de manera eficiente y conforme a la ley.
